Santa Rosa | Robos a campos de Anguil y Winifreda: Un imputado seguirá preso

El juez Néstor Daniel Ralli, no hizo lugar al reexamen de la medida de coerción y le mantuvo la prisión preventiva a José Luis Cáceres hasta la finalización del proceso. Está imputado por robos a mano armada en dos campos de Anguil y uno de Winifreda. 

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El dirigente gremial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) está imputado por tres robos cometidos en campos de Anguil y Winifreda hace tres meses.

Cáceres, de 35 años y nacido en San Pedro, Provincia de Buenos Aires, es el único de los seis imputados de la causa que permanece preso, ya que el resto está en libertad aunque tiene dictadas prohibiciones absolutas de acercamiento y contacto con las víctimas y los lugares donde se habrían cometido los ilícitos.

La audiencia de este martes fue solicitada por la defensora particular de Cáceres, Vanesa Ranocchia Ongaro. En ella la abogada requirió que se sustituya la prisión preventiva por una prohibición absoluta de acercamiento a menos de 200 metros de los damnificados y sus domicilios, y su presentación periódica ante autoridades competentes. El fiscal Facundo Bon Dergham se opuso a la solicitud y luego el juez se pronunció en igual sentido.

Ralli consideró, tras oír a las partes, que no se habían agregado elementos que modificaran la situación que en su momento impuso el dictado de la preventiva y no hizo lugar al reexamen de la medida de coerción por la aplicación del artículo 260 del Código Procesal Penal de La Pampa.

Ese artículo señala que la prisión preventiva podrá cesar en las siguientes circunstancias: a ) cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida; b) no mediando sentencia se estime, en principio, que el período de privación de libertad ha agotado la pena que podría corresponder en el supuesto de condena; c) el período de privación de libertad permite estimar, en principio, que de haber existido condena hubiera podido obtener la libertad condicional; y d) la sentencia no firme, imponga pena que permitiría obtener la libertad condicional.

El mismo magistrado, a principios de julio, ya había denegado un pedido similar de la defensa de Cáceres en otra audiencia de reexamen. En esa oportunidad Ranocchia Ongaro argumentó que no existían los peligros procesales de fuga y obstaculización a la justicia que inicialmente motivaron el dictado de la restricción de su libertad. Cáceres tiene como antecedente una condena en su contra dictada el 2 de agosto de 2010.

Cinco de los seis imputados fueron formalizados el 20 de mayo pasado por la jueza de control, María Florencia Maza, a pedido de Bon Dergham, en orden a la presunta comisión de los delitos de robo calificado por el uso de armas en despoblado y en banda, tres hechos independientes entre sí, a su vez en concurso real con asociación ilícita.

Ellos son Cáceres, su hermano Matías Nicasio Cáceres, Miguel Ricardo Escofet, Sergio Gastón Sánchez y Juan Cirilo Rodríguez. Seis días después lo mismo ocurrió con Orlando Horacio Geijo, organizador de jineteadas, por los mismos delitos y como partícipe necesario. El 8 de junio, aceptando en un todo una petición de la fiscalía, Ralli liberó a los cinco últimos, pero a José Luis Cáceres.

Matías Cáceres Nicasio tiene 38 años y es jornalero. Escofet, apodado “El Ruso”, nació en Coronel Suárez, está domiciliado en Santa Rosa, tiene 55 años y es trabajador rural y transportista. Sánchez tiene 33 años, nació y se domicilia en Zárate, y es electricista industrial y propietario de un auto para taxi con chofer. Rodríguez es cuidador de animales y nació en San Pedro. Geijo tiene 56 años, es santarroseño y vive en el partido bonaerense de Luján.

Todos ellos y José Luis Cáceres están sospechados de cometer robos a mano armada en dos campos de Anguil y uno de Winifreda los días 21 de enero, 10 de abril y 28 de abril de este año. De acuerdo a las denuncias, en algunos casos los asaltantes actuaron a cara descubierta y maniataron y maltrataron a las víctimas, llevándose al menos unos 150.000 pesos, dólares, armas, vehículos y celulares, entre otros objetos.
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