Docentes de 25 de Mayo piden volver a trabajar y que les paguen $1,5 millones

Foto Archivo: iTextual

 

Los cuatro docentes que habían sido encarcelados y echados, luego de ser acusados de los delitos de abusos sexuales a niños de 25 de Mayo, presentaron un reclamo al Ministerio de Educación poco después de que el Superior Tribunal de Justicia anulara la sentencia en su contra y ordenara liberarlos: pidieron recuperar sus trabajos y la obra social e, incluso, reclamaron el pago de 3 años de salarios caídos que suman 1,5 millones por cada uno.

Estos docentes -maestras jardineras y profesores- habían sido echados en 2015, luego de que fueran acusados de haber abusado sexualmente de niños del jardín de infantes. Así, perdieron el salario y la obra social.

Posteriormente, en febrero de 2017, fueron condenados por el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa. El fallo, al ser revisado, fue confirmado por el Tribunal de Impugnación Penal.

Sin embargo, a fines de diciembre de 2017, llegó otra revisión de la condena por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ). 

 

El máximo organismo judicial pampeano, en un duro fallo, dijo que estos docentes fueron sentenciados sin pruebas. 

 

Así, declaró inválida la condenada por "existir arbitrariedad en los términos de la doctrina de la Corte Suprema de Justiciad de la Nación", y le ordenó al Tribunal de Impugnación Penal que –con una integración diferente– dicte un nuevo fallo. Además, liberó a los tres docentes que aún permanecían presos. "Ningún plan criminal fue probado", dijeron desde la Sala B del STJ, conformada por los ministros Fabricio Luis Losi y Elena Victoria Fresco.

Ahora, el abogado defensor Omar Gebruers hizo un reclamo ante Educación. Solicitó que, frente al fallo del STJ, anule la resolución 6076/15 que los dejó cesantes, sin haberes y sin obra social. "Pedimos que sean reintegrados al trabajo, en Santa Rosa", dijo el letrado a iTextual.

Además, el defensor reclamó por los salarios caídos. Por cada uno, son alrededor de 1 millón de pesos no cobrados durante tres años. Con intereses, la suma asciende a 1,5 millones por cada docente.

Se descuenta, incluso, que se inicie una multimillonaria demanda civil al Estado provincial por daños y perjuicios, luego de haber sido encarcelados y sometidos al escarnio público.

¿Qué hará Educación? La ministra Cristina Garello podría aguardar a que la sentencia quede firme. Se espera, por lo pronto, que en febrero se conforme una nueva sala del TIP y se dicte una nueva sentencia que los absolverá.

Eventualmente esa sentencia será apelada por los denunciantes y el caso regresará al STJ. Luego, incluso, el caso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recién ahí la sentencia -ya sea absolutoria o condenatoria- quedará firme.

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