Santa Rosa | Hay un pedido de jury contra Charlín
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El juez federal de General Pico, José Antonio Charlín fue denunciado por el fiscal federal Juan José Baric ante el Consejo de la Magistratura y esa presentación contiene el pedido de jury. Además entre los hechos denunciados incluye una presunta malversación de los fondos electorales.
La denuncia de Baric fue realizada ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, el órgano que remueve a los jueces federales.
La denuncia incluye los hechos revelados por los empleados y funcionarios del Juzgado Federal de Santa Rosa que terminaron en una reunión de urgencia el jueves 15 de agosto pasado y el desplazamiento de Charlín como juez subrogante. Las acusaciones son por maltrato laboral, acoso sexual, filtración de medidas judiciales y malversación de fondos por la compra de mobilarios y artefactos con fondos electorales.
La Comisión de Disciplina y Acusación está presidida por el senador nacional Marcelo Fuentes, presidente además del Consejo de la Magistratura, integrante del Frente Para la Victoria. Es una de las comisiones clave del órgano. La comisión “tiene como competencia proponer al plenario del Consejo de la Magistratura sanciones disciplinarias a los magistrados por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia. Los jueces podrán ser sancionados con advertencia, apercibimiento y multas de hasta un 30 por ciento de sus haberes. También elevará al Plenario los dictámenes de remoción y o suspensión de jueces”.
Señala que “en ejercicio de la potestad disciplinaria el Consejo podrá proceder de oficio o ante una denuncia que le efectúen otros órganos del Poder Judicial, magistrados, funcionarios o particulares que acrediten un interés legítimo”.
“Está integrada por nueve miembros: un representante de los abogados de la matrícula federal, dos senadores, dos diputados, dos jueces, el representante del ámbito académico y científico, y el representante del Poder Ejecutivo. Más de la mitad de los miembros deben estar presentes -el presidente de la Comisión será considerado como un integrante más- para lograr el quórum que habilite la sesión”, explica el sitio web del Consejo de la Magistratura. Las reuniones de la comisión son públicas.
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Todas las notas relacionadas con el Caso del Juez Charlín click aquiLa denuncia de Baric fue realizada ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, el órgano que remueve a los jueces federales.
La denuncia incluye los hechos revelados por los empleados y funcionarios del Juzgado Federal de Santa Rosa que terminaron en una reunión de urgencia el jueves 15 de agosto pasado y el desplazamiento de Charlín como juez subrogante. Las acusaciones son por maltrato laboral, acoso sexual, filtración de medidas judiciales y malversación de fondos por la compra de mobilarios y artefactos con fondos electorales.
La Comisión de Disciplina y Acusación está presidida por el senador nacional Marcelo Fuentes, presidente además del Consejo de la Magistratura, integrante del Frente Para la Victoria. Es una de las comisiones clave del órgano. La comisión “tiene como competencia proponer al plenario del Consejo de la Magistratura sanciones disciplinarias a los magistrados por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia. Los jueces podrán ser sancionados con advertencia, apercibimiento y multas de hasta un 30 por ciento de sus haberes. También elevará al Plenario los dictámenes de remoción y o suspensión de jueces”.
Señala que “en ejercicio de la potestad disciplinaria el Consejo podrá proceder de oficio o ante una denuncia que le efectúen otros órganos del Poder Judicial, magistrados, funcionarios o particulares que acrediten un interés legítimo”.
“Está integrada por nueve miembros: un representante de los abogados de la matrícula federal, dos senadores, dos diputados, dos jueces, el representante del ámbito académico y científico, y el representante del Poder Ejecutivo. Más de la mitad de los miembros deben estar presentes -el presidente de la Comisión será considerado como un integrante más- para lograr el quórum que habilite la sesión”, explica el sitio web del Consejo de la Magistratura. Las reuniones de la comisión son públicas.
Una vez que la Comisión admita la denuncia, ésta será notificada al magistrado denunciado. El magistrado denunciado, dentro de los cinco (5) días de notificada la denuncia, podrá recusar a los Consejeros.
Después el procedimiento es el siguiente: “Sustanciadas las medidas probatorias ordenadas, una vez presentado el proyecto de dictamen por el Consejero Informante la Comisión, la Comisión deberá: A. Si no se encontrase reproche alguno al magistrado, propondrá al Plenario la desestimación de la denuncia; B. En caso contrario, procederá, sin perjuicio de la resolución final, a la citación del magistrado y a una audiencia. Cumplido el descargo o agotada la instancia para hacerlo, y concluidas las diligencias probatorias, el consejero encargado por la Comisión deberá elaborar un proyecto de dictamen con el fin de proponer al Plenario del Consejo: a) Desestimar la denuncia; b) Imponer una sanción disciplinaria, o; c) Abrir el procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento y, en su caso, ordenar la suspensión del magistrado, designando los encargados de llevar el caso ante el Jurado de Enjuiciamiento”, explica el sitio web del Consejo de la Magistratura.
La remoción
El escándalo desatado con el juez subrogante Charlín obligó el jueves pasado al Consejo de la Magistratura a una reunión de urgencia.El juez Mario Fera, propuso apartar a Charlín en uso de las facultades de la ley del organismo. La propuesta fue apoyada por el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, el de los académicos Manuel Urriza, y por los legisladores kirchneristas Marcelo Fuentes y Carlos Moreno.
En tanto, el senador radical Mario Cimadevilla y los abogados Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi señalaron que era la Corte Suprema la que debía tomar la decisión, porque fue el tribunal que designó a Charlín.
El Consejo decidió que el lugar de Charlín sea ocupado por 30 días por la secretaria penal del juzgado, Iara Jesica Silvestre. Los trabajadores del juzgado federal de la capital pampeana realizaron ese jueves un paro de actividades en reclamo de la renuncia del juez Charlín, quien negó las imputaciones.
El Diario LP
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