El TdeC sostiene que los monotributistas son empleados públicos

”Hay fallos laborales de monotributistas hacia el estado que fueron zanjados en la Justicia a favor del trabajador”, sostuvo el presidente del Tribunal de Cuentas, José Sappa (foto).(Foto Arch.: El Diario LP)



En diálogo con Infopico, el presidente del Tribunal de Cuentas, José Sappa, cuestionó que el estado establezca relaciones laborales con monotributistas ya que, en la Justicia, se han perdido los juicios entablados. En General Pico son muchos los trabajadores que facturan como monotributistas a la provincia y al municipio. Y podría ser un boomerang para el estado. Por otra parte observó que la mitad de los subsidios entregados por diputados fueron a municipalidades, lo que les impide el control.

Respecto a la situación del gobierno provincial que paga parte de los sueldos a través de subsidios que llegan a instituciones y se derivan a los trabajadores, afirmó que “es un gran problema. Se hace a través del Ministerio de Bienestar Social. Nosotros el año pasado hemos hecho una campaña muy rigurosa y hemos tratado de bajar el porcentaje para que no haya monotributistas facturando por trabajos al gobierno porque genera con ello, a nuestro criterio, una relación de empleo público y eso lo ha sostenido no solamente el Tribunal de Cuentas, sino muchas Cámaras en lo laboral a nivel federal”.

No obstante ello, indicó que los convenios que ha realizado el Ministerio de Bienestar Social con fundaciones y cooperadoras, “autorizan que los montos de subsidios puedan utilizarse para solventar pagos de empleos y cargas sociales y ahí se nos complica demasiado. Sí hemos sacado una sentencia, estamos analizando si esa relación no genera una relación de empleo. Hasta ahora eso está avalado por un decreto del Poder Ejecutivo que regula que significa un subsidio de funcionamiento”.

Por otra parte, observó que hay fallos laborales de monotributistas hacia el estado que fueron zanjados en la Justicia a favor del trabajador. Puso como ejemplo un empleado que cobraba por subsidios provinciales pero trabajaba para la Municipalidad de Colonia Barón y la Justicia hizo cargo a la comuna del juicio. “En Santa Rosa hubo muchos casos provenientes del Proyecto Vida y la Fundación Nuestros Pibes y se terminó haciendo cargo la provincia por indemnizaciones que pedían estas personas por haber sido despedidas”, relató.

Por otra parte, el TdeC es el organismo del estado que controla la rendición de subsidios. “Tenemos diferenciados entre los subsidios que otorga en Poder Ejecutivo y los que otorga el Poder Legislativo. En los primeros se observó un 15 % del total, son 112 los subsidios que no cumplieron con la observación, cuando se otorgaron 715 subsidios a instituciones. De los que no rindieron en forma correcta o directamente no se rindieron, hay 53 subsidios que había entregado el Ministerio de Bienestar Social, uno el de Salud, siete el del Ministerios de la Producción, dos de Servicios Públicos, 27 de la Cartera de Cultura y Educación y cinco de Gobierno y Justicia”, explicó Sappa.

En referencia a los subsidios entregados por los diputados, observó que la mitad se otorgan a las municipalidades y comisiones de fomento, lo que les impide el control. Explicó que mermó “muchísimo la entrega de subsidios. En el año 2012 se habían entregado 2269 subsidios a instituciones, en cambio en el año 2013 se entregaron solamente 1008. Si bien es cierto queentregó menos del 50 % que el año anterior, advertimos que la mitad se entregan directamente a Municipios y Comisiones de Fomento, y ahí está el problema porque nosotros no los podemos controlar, los controlan los Concejos Deliberantes o en algunas municipalidades las auditorías propias y eb ek caso de Picom no se cuenta con este organismo.

Por último, el titular del Tribunal de Cuentas hizo una observación por una mala tramitación administrativa en la compra del terreno. Se quería realizar la estación transformadora en un terreno que no tenía la titularidad de la provincia, por lo que hasta que no se tuviera la titularidad no se podía aprobar. Ya se tiene la titularidad, fue un largo expediente de más de dos años, había un problema judicial en el medio, pero ya se aprobó por lo que esa obra se tendría que estar realizando. 
Infopico

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