Santa Rosa | Allanaron la sede de Vialidad Nacional

La Justicia federal ordenó el allanamiento de la sede pampeana de Vialidad Nacional, ubicada en la esquina de Villegas y Juan B. Justo. El allanamiento se desarrolló desde las 10 hasta el mediodía de este jueves. Dos policías se llevaron documentación.
 
El procedimiento está vinculado a la denuncia por irregularidades realizada en noviembre de 2013 por el Sindicato de Trabajadores Viales de La Pampa contra el jefe del Distrito 21 de Vialidad Nacional, José Manuel Rodríguez , el jefe de Distrito, en la adjudicación de obras a una empresa vinculada a su actual pareja y el hijo.

El procedimiento se hizo con la Policía Federal. Se trato de un allanamiento, aunque la información se requirió en forma escrita y se proporcionó por las autoridades.

El jefe Rodriguez ante una consulta de El Diario se negó a hablar de la denuncia mientras el trámite siga en la justicia. La denuncia fue realizada por Raúl Cabral, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales seccional La Pampa y funcionario del organismo. Fue presentada el pasado 30 de octubre.

En la presentación se consigna que la empresa involucrada es Agrovial Motors Parts SRL, que está a nombre de Lucas Spataro, hijo de Mabel Dicandia, la actual pareja del jefe del Distrito 21º. En la denuncia se incluye parte de las numerosas adjudicaciones directas que Rodríguez le hizo a la mencionada firma.

Spataro y Dicandia -según la documentación aportada en la denuncia- constituyeron domicilio en la calle Riobamba 125 Piso 3, de Lanús, provincia de Buenos Aires.

También señala que ambos tienen la titularidad compartida de diversos vehículos, entre ellos un Mercedes Benz (dominio VES 513), para cuya conducción está autorizado el hijo. Además otros dos semiremolques, dominio CZG 968 y GES 528.

“Estos vehículos particulares son habitualmente guardados en el sub-depósito del Distrito, sito en ruta nacional Nº 35 Bajo Giuliani, junto a bienes y vehículos oficiales, conforme puede apreciarse en fotos adjuntas y verificarse con presencia física en el citado lugar”, consigna la denuncia ante el fiscal federal.

Además, la denuncia tiene otro elemento que vincula a Rodríguez, Dicandia y Spataro: en el automotor Peugeot 208 Feline 1.6 (modelo 2013), propiedad de Dicandia, las cédulas autorizadas a conducir son las del jefe del Distrito 21º de Vialidad Nacional y de Spataro.

Otra de las pruebas es que Dicandia, en un trámite ante el Registro Automotor consiga como domicilio Villegas 548 de Santa Rosa, el domicilio que tiene Rodríguez en su carácter de jefe de Distrito.

“El objeto de esta asociación es cómo se prueba la adjudicación directa de distintos servicios a la firma Agrovial Motors Parts SRL por parte del jefe de Distrito, ingeniero Rodríguez, con facultades para autorizar y adjudicar contrataciones en virtud de la resolución Nº 627/2004 y posteriores modificaciones, dictadas por el administrador general de la DNV, bajo el régimen de contrataciones públicas normado por decreto delegado 1023/2001 y su decreto reglamentario 893/12”, expresa la denuncia.

La empresa Agrovial Motors Parts (creada en junio de 2012) en la constancia de inscripción ante la AFIP describe su actividad de la siguiente manera: “Somos una empresa familiar con el objetivo de proveerle al Estado sus necesidades cotidianas”. Después, en un alta de modificación se agrega en el objeto de la SRL: “Constructora de obras viales y provisión de repuestos e insumos al Estado”.

En la denuncia, “como una limitada muestra de este accionar”, se adjunta la documentación respaldatoria de las adquisiciones directas Nº 127/2012 (con expediente y factura, por 171.980 pesos), Nº 84/13 (por 558.000 pesos) y Nº 85/13 (558.000 pesos).

La variedad de servicios de Agrovial Motors Parts no solo se expone por sus declaraciones ante la AFIP. La adjudicación directa 127/12 fue por el servicio de reparación general de una pala cargadora Mancini y de dos motoniveladoras SIAM H130. Los trabajos fueron cotizados en 137.700 pesos, 173.370 pesos y 171.980 pesos. Es decir, por un total de 483.050 pesos. El certificado de provisión fue firmado el 27 de diciembre de 2012. La empresa Agrovial Motors Parts tuvo el alta en la AFIP el 11 de octubre de 2012.

En tanto, la adjudicación directa 85/2013 fue para la extracción de renuevo, limpieza y perfilado de zona de camino con provisión y aplicación de herbicida de primera calidad en especies arbóreas de difícil extracción con equipos mecánicos en ruta nacional Nº 152 tramo Puelches-Casa de Piedra, kilómetro 212-227. Este trabajo se convocó de urgencia por la “sequía” que afecta la región.

La denuncia

En su denucnia, Raúl Cabral, secretario general del gremio, le apuntó a la empresa Agrovial Motors Parts, quien obtuvo contrataciones directas, según la acusación. Es una firma propiedad de Lucas Spataro, hijo de Mabel Dicandia, la actual pareja del jefe de Vialidad.

Madre e hijo tienen domicilio en Lanús, provincia de Buenos Aires, y vehículos automotores en conjunto.

El sindicalista, en su exposición ante la Justicia, dijo que la empresa Agrovial obtuvo un contrato directo para la extracción de renuevo, limpieza y perfilado de zona de camino con provisión y aplicación de herbicida de primera calidad en especies arbóreas de difícil extracción con equipos mecánicos en ruta nacional Nº 152 tramo Puelches -Casa de Piedra, kilómetro 212-227. Este trabajó se convocó de urgencia por la "sequía" que afecta la región.

En tanto, la adjudicación directa 127/12 fue por el servicio de reparación general de una pala cargadora Mancini y de dos motoniveladora SIAM H130. Los trabajos fueron cotizados en 137.700 pesos, 173.370 pesos y 171.980 pesos. Es decir por un total de 483.050 pesos.

El denunciante señaló: “Durante buena parte de 2012 y lo que va del año 2013, las contrataciones públicas tramitadas se apartan absolutamente de la normativa de contrataciones precedentemente citada, es decir, se gestionan absolutamente “en negro”, no se efectúa pedido de precios alguno; son casi todas encuadradas en causales de “exclusividad” sin que tal excepción se encuentre debidamente acreditada en las actuaciones; no se designa Comisión Evaluadora; no se cita dictamen de precio por parte del Servicio Jurídico Permanente tal como obliga la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo Nº 19.549”.

Agrega la denuncia: “Todas estas contrataciones y muchas más originadas en la División Conservación, a cargo transitoriamente del señor Jorge Rafael Centro, se inician y justifican con carácter de “exclusividad” con la firma de conformidad de este funcionario como partícipe necesario de los procesos, y que involucra a las oficinas de Licitaciones y Compras, Contaduría y Depósito”.

Cabral afirma que esas anomalías “fueron denunciadas” a la Administración Nacional y a la Coordinación de Distritos “no recibiendo respuesta alguna”. Además, revela que José Manuel Rodríguez tiene tres sumarios abiertos: dos por irregularidades y otro por vender como chatarra equipos en funcionamiento. Como resultado de esas denuncias, “esto nos llevó a que varios compañeros hoy venimos sufriendo amenazas, persecuciones, catorce sumarios, causas penales, un intento de suicidio y lo lamentable es que no tengamos derecho a defensa alguna”.
 
El Diario LP

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