Santa Rosa | Solicitaron un nuevo pedido de informes por el Megaestadio

La Comisión de Asuntos Agrarios de la legislatura aprobó el miércoles 5 de marzo por unanimidad un nuevo pedido de informe para que el Gobierno provincial diga "cómo sigue o cómo se resuelve" la obra del Megaestadio. 

 

Desde el Frepam se sostuvo que ya es hora de "iniciar juicio político a alguno" de los que intervinieron en la fallida construcción.

Con el agregado de la solicitud de “exposición de qué otros actos o hechos se han propiciado para dar continuidad o resolución al contrato de obra pública, teniendo en cuenta que el mismo se encuentra paralizado desde hace tres años y que esta Cámara rechazó por amplísima mayoría el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de julio de 2012 (respecto a si el contratista se encuentra en condiciones de terminar la obra)”, los integrantes de la comisión de asuntos agrarios, turismo, industria, obras y servicios públicos, aconsejaron la aprobación del proyecto de resolución “por el que se solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la obra "Construcción de Estadio Polideportivo Ciudad de Santa Rosa" y sobre la Ley 2516 (autorizando al Poder Ejecutivo a suscribir el Convenio referido a la Readecuación de las condiciones contractuales de la Licitación Pública Nº 12/06 "Construcción Estadio Polideportivo Ciudad de Santa Rosa")”.

 

El nuevo pedido fue presentado a través de un proyecto del diputado vernista Martín Borthiry, que no integra la comisión de Asuntos Agrarios y no estuvo en la sala.

El diputado del mismo bloque, Daniel Lovera, recordó que en un anterior pedido de informes preguntaron cuál era el estado de obra y el Gobierno les respondió, pero aclaró que ahora quieren que el ejecutivo provincial diga "cómo sigue o cómo se resuelve" la obra.

La iniciativa del diputado Martín Borthiry dice que “la magnitud, importancia y trascendencia de la obra del Megaestadio para La Pampa, inclusive para la región, hace imperioso y necesario que nuevamente nos ocupemos de este tema desde la Cámara de Diputados Provincial, porque a esta altura, además de responsabilidades penales -y eventuales civiles- también se están configurando responsabilidades políticas por el claro, flagrante y manifiesto incumplimiento de la ley 2.516 por parte del Poder Ejecutivo Provincial. A lo que se suma el haber propiciado o pretendido que otro Poder del Estado -esta Legislatura- apruebe un grave perjuicio al erario público, al instar una autorización “legal” para que se abonen dos veces los mismos trabajos en un mismo contrato de obra pública, en incontrovertible violación a su marco contractual y legal, una tentativa valorizada en 29,7 millones de pesos, a precios de setiembre de 2011”.

El despacho respecto a este proyecto fue puesto en consideración por el titular de la comisión, el diputado Alfredo Schanton, en procura de “tener una información precisa en el sentido de si se está haciendo algo o no”.

Pese a que el dictamen fue aprobado por unanimidad, el diputado Carlos Bruno, no se mostró optimista: “mi temor es que el Ejecutivo nos presente un maquillaje como para que creamos que están haciendo algo y nos quedemos ahí”, y arriesgó “lo que nos queda es iniciar juicio político a alguno”.

 

El diputado Hugo Pérez se metió con otra arista de esta cuestión diciendo “según la información que trasciende por los medios ya está funcionando esa comisión de asesoramiento que integrarían el gobernador y los titulares de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y del Tribunal de Cuentas, lo que es gravísimo porque si esta comisión comete un error ¿quién la controla?, el Ejecutivo tendría que informar los fines para los cuales se creó la comisión”. 

El diputado Daniel Lovera dijo que  “lo que el Ejecutivo debe informarnos es técnicamente como piensa terminar el Megaestadio, si lo piensa terminar”.    A lo que el diputado Darío Hernández reflexionó “si en ocho años no lo han terminado, no lo van a terminar nunca más, más vale que hagan otra cosa”.

Cabe recordar que El Megaestadio se empezó a construir en 2006, durante el Gobierno de Carlos Verna. Debía ser terminado en un año, pero aún hoy está inconcluso y por errores de cálculos, no se pudo colocar el techo.

Inarco,la empresa contratista inicialmente, reconoció que se equivocó en los cálculos para hacer el techo y debió desmontarlo. En el medio, logró una ampliación del plazo para colocar uno nuevo y ganó las licitaciones para otros trabajos. Eso le dio un respiro financiero, en medio de la asfixia económica que soportaba.

El nuevo techo debería esta formado por capas de chapa, poliuretano y chapa nuevamente. En diciembre de 2010 se venció el nuevo plazo que, incluso, le autorizó la Legislatura, pero el techo no fue colocado.

A mediados de 2012, el Gobierno anunció cambios. Pero esas modificaciones no fueron aprobadas por los legisladores: directamente reclamaron que rescindieran el contrato con Inarco.

Uno de los puntos más espinosos en este nuevo proyecto de Jorge residía en una importante compra: el Gobierno pretendía adquirir una serie de 40 columnas especiales de acero para apuntalar, provisoriamente, el nuevo techo.

 

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