Intentarán desalojar a Pascuala Suárez
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2014/06/intentaran-desalojar-pascuala-suarez.html
El despojo a los puesteros del oeste es parte de una megacausa judicial sin resolución. El desalojo es impulsado por el empresario Luis Bertone, quien ya fue baleado en un serio incidente.
La inacción de un grupo de funcionarios judiciales santarroseños, con el fiscal general Guillermo Sancho a la cabeza, en la megacausa para evitar los despojos en el oeste pampeano ya tiene su primer gran coletazo: el inminente desalojo de la puestera Pascuala Suárez, quien junto a su familia ocupa por generaciones el campo “La Cautiva” ubicado en el Lote 8 en jurisdicción de Limay Mahuida.
De acuerdo a lo poco que pudo saberse oficialmente, la policía ya fue notificada del desalojo por el juez de Paz de esa localidad, Hugo Cañón, y por la jueza civil sustituta de General Acha Amelia Guazzaroni. “Como la gente de Limay no tiene personal seguramente se va a realizar con personal de (la policía) La Reforma y de de 25 de Mayo”, confió ayer una fuente consultada por El Diario.
El desalojo estaba previsto para los primeros días de junio. Pero se postergó y se concretaría este miércoles o jueves. “La medida judicial en busca del desalojo fue iniciada por el empresario Luis Bertone”, destacó la misma fuente.
Bertone ya protagonizó un serio incidente por el mismo caso. Hace exáctamente un año atrás, en junio del año pasado, el empresario santarroseño llegó hasta el puesto cuya propiedad aparece en disputa con otras dos personas, los hermanos Galván, alambradores oriundos de la ciudad de General Acha.
Arribó en una Amarok verde y frente a los Galván discutió, alambrado de por medio, con Sebastián Suárez (el hijo de Raúl Suárez, hermano de Pascuala). En medio de esa discusión, Bertone hizo un movimiento que dejó la impresión de que podía sacar un arma de la cintura. Raúl Suárez intervino y le dio un garrotazo en la mano y dos disparos con un arma corta: uno en el muslo izquierdo y el otro en la pantorrilla derecha.
Después de eso, siempre según la versión policial, los hermanos Galván subieron a Bertone en la camioneta y lo llevaron a la posta sanitaria de La Reforma. Luego fue trasladado a la capital pampeana donde permaneció unos días internado.
Padre hijo fueron detenidos por la policía y se le inició una causa caratulada como “Supuestas lesiones y abuso de arma de fuego”, a cargo del fiscal Alejandro Massó, de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la localidad de 25 de Mayo.
Hostigamiento
Pascuala Suárez, quien ocupa de manera pacífica por generaciones el campo “La Cautiva”, desde hace largo tiempo es hostigada para que deje las tierras: sufrió robos y episodios de violencia casi de manera constante. Según su familia, es parte de las presiones para que abandone el lugar donde Luis Bertone pretende construir.
La “operación financiera” mediante la cual Bertone supuestamente compró esa porción de campo está en la mira de la Justicia desde el año 2012. Los avances de la causa judicial han sido muy pocos. En ella también están involucrados los hermanos Antonio Santiago, Oscar Alberto y Fernando Alfredo De Franco. Los De Franco le “vendieron” a Bertone parte de las tierras con las que se quedaron.
Una investigación realizada por este diario dio cuenta de que los hermanos bonaerenses se quedaron con casi 200.000 hectáreas en esa zona de la provincia, y que luego vendieron la mayoría de ellas por una suma cercana a los 10 millones de dólares.
Los De Franco se desprendieron de algunas tierras a través de la inmobiliaria Hugo Ruesga. Uno de los negocios se hizo con Bertone, quien si bien en un principio solo contaba con un boleto de compraventa, ya tendría una escritura en mano.
Bertone es un empresario que tuvo acciones en el Hotel Calfucurá. También adquirió un alto perfil como propietario de cotos de caza (“La Colorada”).
Paradigmático
El caso que más impacto generó en los últimos tiempos -y a partir del cual se generó una megacausa con el Poder Judicial- es el de Simplicio Albornoz.
La causa en la que teóricamente se investiga el despojo al puestero -un caso que se volvió paradigmático de los abusos que soportan los pampeanos que habitan la zona- está en punto muerto: desde el pasado 27 de febrero no hay ningún movimiento ni paso procesal tendiente a conocer la verdad o esclarecer el hecho.
Así lo denunció el abogado José Bibiano Cedrún Gutiérrez, quien en diálogo con El Diario aseveró directamente que “están dejando morir la causa: la Fiscalía ha dormido el expediente”.
El abogado, ante ese panorama -que tampoco es novedoso-, presentó en su momento un escrito con pronto despacho. Al escrito, según le contestaron en las últimas horas, no lo encuentran: “Ha desaparecido”.
Cedrún hizo el pasado 10 de octubre un pedido para que se realicen distintas medidas de prueba, entre ellas que se cite a varios testigos. Pero desde entonces nada avanzó: el Poder Judicial se despreocupó absolutamente de la situación.
Aquella vez, el letrado que patrocina al puestero del oeste exigió “acentuar los esfuerzos para una Justicia más rápida”. Y pidió que se lleven adelante 18 pruebas. Entre ellas, por ejemplo, la declaración de varios testigos. La denuncia original se presentó el 26 de marzo de 2012.
La causa -insistió el abogado- “no tiene proceso alguno desde el mes de febrero. La Fiscalía no realiza ninguna actividad, lo que implica un verdadero incumpliento de los deberes por parte del funcionario judicial a cargo de la investigación”.
Cedrún le apunta al fiscal general Guillermo Sancho y al fiscal adjunto Manuel Tedín: “no hay nada de nada; es una vergüenza”.
En el expediente, de acuerdo a lo que relató el representante de Simplicio Albornoz, no hay ni siquiera números de fojas: “están dejando morir la causa, es una verdadera dejadez y falta de seriedad en el trámite del expediente”.
El Diario LP
La inacción de un grupo de funcionarios judiciales santarroseños, con el fiscal general Guillermo Sancho a la cabeza, en la megacausa para evitar los despojos en el oeste pampeano ya tiene su primer gran coletazo: el inminente desalojo de la puestera Pascuala Suárez, quien junto a su familia ocupa por generaciones el campo “La Cautiva” ubicado en el Lote 8 en jurisdicción de Limay Mahuida.
De acuerdo a lo poco que pudo saberse oficialmente, la policía ya fue notificada del desalojo por el juez de Paz de esa localidad, Hugo Cañón, y por la jueza civil sustituta de General Acha Amelia Guazzaroni. “Como la gente de Limay no tiene personal seguramente se va a realizar con personal de (la policía) La Reforma y de de 25 de Mayo”, confió ayer una fuente consultada por El Diario.
El desalojo estaba previsto para los primeros días de junio. Pero se postergó y se concretaría este miércoles o jueves. “La medida judicial en busca del desalojo fue iniciada por el empresario Luis Bertone”, destacó la misma fuente.
Bertone ya protagonizó un serio incidente por el mismo caso. Hace exáctamente un año atrás, en junio del año pasado, el empresario santarroseño llegó hasta el puesto cuya propiedad aparece en disputa con otras dos personas, los hermanos Galván, alambradores oriundos de la ciudad de General Acha.
Arribó en una Amarok verde y frente a los Galván discutió, alambrado de por medio, con Sebastián Suárez (el hijo de Raúl Suárez, hermano de Pascuala). En medio de esa discusión, Bertone hizo un movimiento que dejó la impresión de que podía sacar un arma de la cintura. Raúl Suárez intervino y le dio un garrotazo en la mano y dos disparos con un arma corta: uno en el muslo izquierdo y el otro en la pantorrilla derecha.
Después de eso, siempre según la versión policial, los hermanos Galván subieron a Bertone en la camioneta y lo llevaron a la posta sanitaria de La Reforma. Luego fue trasladado a la capital pampeana donde permaneció unos días internado.
Padre hijo fueron detenidos por la policía y se le inició una causa caratulada como “Supuestas lesiones y abuso de arma de fuego”, a cargo del fiscal Alejandro Massó, de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la localidad de 25 de Mayo.
Hostigamiento
Pascuala Suárez, quien ocupa de manera pacífica por generaciones el campo “La Cautiva”, desde hace largo tiempo es hostigada para que deje las tierras: sufrió robos y episodios de violencia casi de manera constante. Según su familia, es parte de las presiones para que abandone el lugar donde Luis Bertone pretende construir.
La “operación financiera” mediante la cual Bertone supuestamente compró esa porción de campo está en la mira de la Justicia desde el año 2012. Los avances de la causa judicial han sido muy pocos. En ella también están involucrados los hermanos Antonio Santiago, Oscar Alberto y Fernando Alfredo De Franco. Los De Franco le “vendieron” a Bertone parte de las tierras con las que se quedaron.
Una investigación realizada por este diario dio cuenta de que los hermanos bonaerenses se quedaron con casi 200.000 hectáreas en esa zona de la provincia, y que luego vendieron la mayoría de ellas por una suma cercana a los 10 millones de dólares.
Los De Franco se desprendieron de algunas tierras a través de la inmobiliaria Hugo Ruesga. Uno de los negocios se hizo con Bertone, quien si bien en un principio solo contaba con un boleto de compraventa, ya tendría una escritura en mano.
Bertone es un empresario que tuvo acciones en el Hotel Calfucurá. También adquirió un alto perfil como propietario de cotos de caza (“La Colorada”).
Paradigmático
El caso que más impacto generó en los últimos tiempos -y a partir del cual se generó una megacausa con el Poder Judicial- es el de Simplicio Albornoz.
La causa en la que teóricamente se investiga el despojo al puestero -un caso que se volvió paradigmático de los abusos que soportan los pampeanos que habitan la zona- está en punto muerto: desde el pasado 27 de febrero no hay ningún movimiento ni paso procesal tendiente a conocer la verdad o esclarecer el hecho.
Así lo denunció el abogado José Bibiano Cedrún Gutiérrez, quien en diálogo con El Diario aseveró directamente que “están dejando morir la causa: la Fiscalía ha dormido el expediente”.
El abogado, ante ese panorama -que tampoco es novedoso-, presentó en su momento un escrito con pronto despacho. Al escrito, según le contestaron en las últimas horas, no lo encuentran: “Ha desaparecido”.
Cedrún hizo el pasado 10 de octubre un pedido para que se realicen distintas medidas de prueba, entre ellas que se cite a varios testigos. Pero desde entonces nada avanzó: el Poder Judicial se despreocupó absolutamente de la situación.
Aquella vez, el letrado que patrocina al puestero del oeste exigió “acentuar los esfuerzos para una Justicia más rápida”. Y pidió que se lleven adelante 18 pruebas. Entre ellas, por ejemplo, la declaración de varios testigos. La denuncia original se presentó el 26 de marzo de 2012.
La causa -insistió el abogado- “no tiene proceso alguno desde el mes de febrero. La Fiscalía no realiza ninguna actividad, lo que implica un verdadero incumpliento de los deberes por parte del funcionario judicial a cargo de la investigación”.
Cedrún le apunta al fiscal general Guillermo Sancho y al fiscal adjunto Manuel Tedín: “no hay nada de nada; es una vergüenza”.
En el expediente, de acuerdo a lo que relató el representante de Simplicio Albornoz, no hay ni siquiera números de fojas: “están dejando morir la causa, es una verdadera dejadez y falta de seriedad en el trámite del expediente”.
El Diario LP
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