Trata de personas | Baric apeló sobreseimiento de exfuncionarios

La jueza federal Iara Silvestre sobreseyó a la exintendenta de General Acha, María Elena García, y al exsecretario de Gobierno Javier Bassa. Pero el fiscal Juan José Baric no está de acuerdo. (Foto Arch.: El Diario LP)

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El fiscal Juan José Baric apeló este jueves el sobreseimiento que la jueza federal subrogante de Santa Rosa, Iara Silvestre, determinó para la exintendenta de General Acha María Elena García, que estaba acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de una investigación por el delito de trata de personas.

También el fsical apeló el sobreseimiento del exsecretario de Gobierno Javier Basa.

El Juzgado aun no definió la situación del actual juez de Faltas, Sebastián Sancho, quien había pedido ampliar su indagatoria.

La causa se inició en el año 2011, luego de que se comprobara que en dos cabarés de la sureña localidad pampeana - “El Amanecer” y “Venus”- se utilizaba a mujeres para ejercer la prostitución.

García, Sancho y Bassa quedaron como sospechosos de haber cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a que habilitaron el funcionamiento de esos locales nocturnos.

García, en diálogo con El Diario, había sido escueta en el momento en que quedó imputada: "No quiero opinar, no puedo hablar nada... creo que quedé pegada por el hecho de ser intendenta".

A su vez, la Justicia mantiene una causa paralela contra los dueños de esos cabarés. Sucede que en los procedimientos que se realizaron en el año 2011 en “Venus” se sorprendió a varias mujeres de origen extranjero y un grupo importante de clientes en el lugar y se secuestraron diferentes pruebas. En “El Amanecer” también se comprobó la existencia de cuatro mujeres dominicanas y algunas de nuestro país -de diferentes provincias- a quienes supuestamente obligaban a ejercer la prostitución.

Además de la situación de la exintendenta García, hay otros casos emblemáticos en la provincia: el de los actuales jefes comunales David Bravo, de 25 de Mayo; Luis Rogers, de Lonquimay y Jorge Cabak, de Macachín.

El primero ya fue condenado a siete meses de prisión en suspenso y catorce meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, como la sentencia no está firme puede seguir en el cargo. El segundo está procesado por el delito de trata de personas. Cabak será indagado en los próximos días.

El Diario LP