Santa Rosa | La directora del Liceo Informático dice que sufre una persecución del gobierno provincial

El Tribunal de Cuentas le reclama 100 mil pesos por subsidios de Educación para pagar sueldos docentes que no fueron rendidos. Lilia Armando (foto) alega que desde la "ruptura problemática" de un convenio que tenía con el Ministerio de Bienestar Social, hay una "persistente acción" en su contra. (Foto: El Diario LP)

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La directora del Colegio Universitario Liceo Informático II, Lilia Armando, sostuvo que sufre una persecución de parte del gobierno provincial que pretende “dañar el nombre y la economía de la institución”, luego de la “ruputura traumática” en 2012 del convenio que tenía con el Ministerio de Bienestar Social, a partir de los cuestionamientos que ella realizó a la política de la provincia en materia de niñez y adolescencia.

Armando interpretó de esa forma las sentencias del Tribunal de Cuentas de la Provincia que obligan al colegio a devolver 100 mil pesos por subsidios que recibió de Educación. El organismo estableció que no se rindieron el pago de sueldos de dos meses a los docentes de la institución. Armando confirmó que intentó compensar una presunta deuda por cuatro servicios de catering prestados a esa cartera educativa.

La directiva dijo que terminó donando los montos por el servicio de catering y que pretendía devolver el dinero en cuotas. Como el TdC rechazó ese pedido en diciembre del año pasado, anunció que recurrirá esa resolución en el Superior Tribunal de Justicia.

Susbsidios y catering

En su réplica, Armando recordó que desde 2010 el colegio puso en marcha un restaurante en la Ciudad Judicial en función de los curso de gastronomía que se dictan en la institución. En ese marco, aseguró, ganaron dos licitaciones de catering para un curso de ascenso al sistema educativo provincial que se dictó en 2013.

Según Armando, el Ministerio no abonó las facturas correspondientes a los últimos cuatro servicios contratados, dos en Santa Rosa y dos en General Pico. “Existiendo en dos oportunidades un sobrante equivalente en montos erogados para haberes del personal, en el marco de los aportes que el Estado Provincial brinda a las instituciones educativas de gestión privada pampeanas para haberes del personal, el Liceo, ante la negativa de Educación a abonar las facturas adeudadas, solicitó al Tribunal de Cuentas la compensación pertinente”, explicó.

Como el TdC rechazó la compensación, Armando afirmó que decidieron no iniciar un juicio contra la provincia, donar el importe de las facturas no abonadas, y solicitar la devolución en cuotas de los subsidios a Educación.

Armando admitió que Educación respondió “faltando a la verdad” que no había recibido ninguna donación y que no existían fundamentos para abonar el catering. En ese marco, el TdC sacó dos sentencias en las que conminó al Liceo a devolver los subsidios y respondió que las presuntas facturas impagas por el catering no tienen relación con el expediente.

Disenso y persecución

En otra parte de su réplica, Armando conjeturó que “todos y cada uno de los inconvenientes que mi persona y las instituciones que he creado y dirijo hemos tenido y tenemos con las autoridades del Poder Ejecutivo, surgen a partir de nuestro profundo disenso, especialmente el mío personal, para con el modo de tratar el Poder Ejecutivo a niñas, niños y adolescentes bajo la guarda del Estado Provincial, que llevara a una ruptura problemática en 2012”.

“A partir de allí se desata para con nosotros la persistente acción de diferentes estamentos del Poder Ejecutivo dirigidas a causarnos daños económico-financieros y a generar noticias basadas en hechos falsos o tergiversados en el intento de menoscabar nuestro buen nombre y honor ante la comunidad que integramos”, afirmó.

“Nuestras convicciones para la defensa a ultranza de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y las acciones que hemos emprendido y continuaremos emprendiendo en el esfuerzo por obtener que las leyes se cumplan, no cejarán no importa lo que hagan. Se han incumplido y se incumplen las leyes por parte del Ejecutivo Provincial encabezado por Oscar Mario Jorge, y eso, en su momento, la Corte que corresponda lo habrá de establecer”, añadió.

Finalmente, afirmó: “Todos los chicos que tomé bajo mi guarda, algunos que estaban ‘perdidos‘, todos en situación de calle, todos habiendo sido sometidos a pesada medicación psiquiátrica, todos habiéndose vulnerado su derecho a la educación, chicos a los que estando bajo la guarda del Estado les habían generado causas penales, o estaban destinados a ser internados en psiquiátricos, o habían sido recluidos en casas para adictos, sin serlo, todos ellos estudian, llevan una vida normal, se preparan para cursar su último año de la escuela secundaria y su comportamiento es el propio de los adolescentes y jóvenes de su edad. Ese es el meollo de la cuestión, lo que el Poder Ejecutivo trata de desmerecer, ensuciando a mi persona”.

El Diario LP