Provinciales | La Cámara de Diputados rechazó veto de Jorge

La Legislatura provincial rechazó el jueves a la mañana el veto del gobernador a la ley que se aprobó de manera unánime para crear un Ente de Políticas Socializadoras y Unidad de Abordaje y Orientación a personas en conflicto.

La iniciativa había sido aprobada por unanimidad, pero el jefe del Ejecutivo, Oscar Mario Jorge, argumentó algún tipo de "inconstitucionalidad" para vetarla.

"Hay una clara y evidente equivocación del gobernador en la forma de entender cómo funcionaría el Ente", dijo Fernanda Alonso (PJ, vernista). "En democracia, la unanimidad no se veta", sostuvo Luis Solana (Frepam). 

 

Los diputados acordaron el miércoles en el ámbito de la comisión de Legislación General tratar el tema directamente en el recinto, constituyendo a la Cámara en comisión. Luego del rechazo al veto el proyecto se convertiría en ley.

La ley pretendía reemplazar al Patronato de Liberados y fue presentada en conjunto por la diputada Fernanda Alonso (PJ, vernista) y el diputado Luis Solana (Frepam, socialismo). Tenía como objetivo evitar la reincidencia de las personas que salían de prisión.

Pero el gobernador Oscar Jorge, a través del decreto 145/15, bajo el número de registro 2831, la vetó. ¿Por qué? Porque entendió que se avanzaba sobre atribuciones propias del Poder Ejecutivo.

 

El Poder Legislativo creó en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad el Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley.

La ley cosechó un respaldo unánime de la Legislatura provincial. “Con la sanción de la ley se pretende una socialización plena a través de un seguimiento exhaustivo de quienes han tenido conflicto con la Ley Penal”, había expresado la diputada Fernanda Alonso, una de las autoras.

Alonso fundamentó en la sesión de hoy el rechazo al veto. "No existe superposición de funciones, ni cambio en la relación jurídica con el destinatario de estas políticas. Tampoco se afecta la cuestión presupuestaria. Se pretende crear más y mejores herramientas para un mejor control y seguimiento del que hoy, lamentablemente con la estructura del Patronato, no tienen las personas que salen de prisión".

 

“Hasta no hace mucho tiempo se dejaba en manos de ONG que hacían este trabajo de manera voluntaria, pensando justamente en la integración y el seguimiento de estas personas. Esta modalidad es justamente la que ha tenido la provincia de La Pampa que, con la sanción, en el año 1974, de la Ley 513, se le otorgaba esta competencia a la Asociación Civil Patronato Liberados. En la actualidad creemos que resulta necesaria una nueva visión del tema”, dijo Alonso.

"Hay una clara y evidente equivocación del gobernador en la forma de entender cómo funcionaría el Ente. Lejos estamos de invadir atribuciones. Esta es una facultad exclusiva y excluyente de la legislatura. Nos estamos dando una herramienta que no tenemos los pampeanos", dijo.

El diputado Solana, en tanto, cuestionó el veto y dijo que "no se entiende" el accionar del gobernador. "Si el Patronato de Liberados funcionara, Sofía Viale podría estar viva. Pero no es un problema si funciona o no, es problema es que no le interesa al Gobierno que funcione", dijo.

“La sociedad plantea que frente a la seguridad nadie hace nada, acá demostramos que algo hacemos”, y reveló que “el Patronato de Liberados ha fracasado en todo el mundo y está en franca retirada como tal”, remarcó.

"Hacía mucho tiempo que veníamos debatiendo ideas para solucionar este problema de fondo, con algo que contrastara el discurso efectista, de mano dura. La posibilidad de seguir y asistir a quienes están en libertad condicional bajaría la reincidencia y bajaría los delitos", aseguró.

 "En democracia, la unanimidad no se veta", agregó el legislador.

Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) cuestionó a Jorge. "Con este veto advierto que el gobernador habla de política pública priorzando recursos económicos y no pensando en la ciudadanía. Eso me duele en el alma", sostuvo.

 

Agregó que “el Estado pone en riesgo a su Policía cuando no les da los elementos necesarios para efectuar allanamientos” y habló de la necesidad de la implementación de “un fuero penal juvenil”.

El diputado Hugo Pérez dijo que “la reinserción laboral de los detenidos que esta ley contempla se constituye en un punto neurálgico de la misma” y llamó a que “el Estado con su vasta obra pública dé el ejemplo”.

También el diputado Luciano Di Nápoli aseguró que “el Consejo de Seguridad Interior de la Nación avala esta ley”. 

 

 

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