Megaestadio | Varela imputado en la causa
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Es por la causa del Megaestadio. El fiscal Sancho imputó al exministro por incumplimiento de los deberes de funcionario público. (Foto EL Diario LP)
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El ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela, fue acusado formalmente este martes del delito de incumplimiento de deberes de funcinario público, por la inacción durante su gestión, en torno a la paralización de la obra del Megaestadio durante más de cuatro años. El juez de Control, Daniel Ralli, aceptó que se investigue a Varela por ese delito y rechazó la pretensión del abogado defensor, Sebastián País Rojo, que solicitó directamente el sobreseimiento.
Varela es actualmente asesor del gobernador Oscar Mario Jorge. A fines del año pasado renunció a la cartera, cuando estaba a punto de ser destituido en un juicio político. El fiscal Sancho lo acusó de "inacción deliberada" ante la paralización de la obra de la empresa Inarco.
“Varela asumió en 2012 cuando la obra ya estaba paralizada pero cabe preguntarse si podía esa obra mantenerse paralizada de forma indefinida en el tiempo. Para mí eso no es posible. Además la empresa pidió un nuevo plazo de 420 días, asumía la responsabilidad y aseguraba que al estado no le iba a salir ni un peso más. Con ese pedido se aprobó una ley que venció el 31 de diciembre de 2010 y el 30 de diciembre se paralizó la obra", señaló el funcionario judicial.
"Siempre en esos informes se justificó por qué no se terminaba la obra y no hizo nada más", añadió.
El juez Daniel Ralli rechazó el pedido de absolución y dio por formalizada la investigación contra Varela.
El Megaestadio se licitó en 2006, durante el gobierno de Carlos Verna. Debía terminarse a fines de 2007 para los juegos de la Araucanía. Pero el techo colapsó por un error de cálculo. INARCO asumió la responsabilidad y presentó una alternativa de una nueva estructura: le otorgaron 420 días de plazo para montarla.
En 2010, a un día de vencerse ese plazo, la obra se paralizó. Luego, la empresa pidió más plazo y un pago millonario para comprar columnas que sostengan la nueva estructura. La Legislatura rechazó esa pretensión -avalada por el Gobierno Provincial- y desde el FrePam y el vernismo reclamaron la rescisión del contrato por un nuevo incumplimiento de la empresa.
Jorge intentó formar una comisión con los legisladores y otra con el Tribunal de Cuentas y la FIA, para determinar cómo sería el devenir de la obra. Sin embargo, ambas instancias fueron descartadas. Finalmente, como pasó el tiempo y la suspensión de los plazos de la obra se mantuvo, la FIA impulsó el juicio político al ministro Varela por la inacción oficial.
En principio, en la causa se investigaba si se pagaron sobreprecios en la obra del Megaestadio. En marzo del año pasado, Sancho pidió dos pericias, una contable y otra específica, para que un ingeniero determine el real grado de avance de la obra adjudicada a INARCO. Además, en junio del año pasado, había requerido a la FIA la copia del expediente que tenía en marcha esa repartición sobre la obra.
A principio de este año Sancho pidió el expediente del juicio político a Varela. El 9 de septiembre del año pasado, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas había impulsado en la Legislatura el juicio político de Varela, a quien acusó de no cumplir con sus deberes de funcionario público por mantener la suspensión indefinida de la obra, y presentó la denuncia penal contra el inspector Lorda, contratado por la gestión del gobernador Oscar Jorge para supervisar la colocación del nuevo techo, luego de que colapsara la primera estructura.
La Sala Acusadora dio curso a la denuncia y el funcionario entregó un descargo por escrito, en el cual mencionó que la obra se licitó, en su momento, sin un proyecto de dirección de obra y sugirió que se cometieron irregularidades en la primera etapa, cuando ocupaba el cargo de gobernador Carlos Verna.
Además, durante octubre del año pasado desfilaron testigos convocados al juicio político. Durante sus declaraciones, surgieron a la luz algunas sospechas que, hasta ese momento, solo eran rumores. Los exfuncionarios de la gestión vernista coincidieron en responsabilizar a INARCO por el error de cálculo del primer techo, negaron irregularidades en esa etapa y culparon al actual Gobierno Provincial por la falta de cumplimiento del compromiso de la empresa de hacerse cargo de construir un segundo techo y colocarlo sin mayores costos.
Sin embargo, entre otros testimonios, en la Sala se escuchó a la arquitecta inicial de la obra, Adriana Kuntz Aza, quien denunció que el Megaestadio tiene irregularidades de construcción estructurales desde sus inicios, y que los exfuncionarios del área hicieron la vista gorda. El asesor de Gobierno, Marcos Paz, cuestionó la adjudicación de la obra a una empresa sin antecedentes en el tipo de construcción compleja que se requería.
Finalmente, el juicio político a Varela se cayó dos días antes de que los diputados votaran la acusación y lo suspendieran, porque el 31 de octubre el funcionario presentó la renuncia. Los diputados del FrePam anunciaron en diciembre que habían surgido elementos para denunciar penalmente a los exministros vernistas del área, Julio Bargero y Paulo Benvenutto, aunque aún no concretaron una presentación.
El fiscal general Guillermo Sancho afirmó que el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela, “debió hacer algo y no hizo nada” para levantar la paralización de la obra del Megaestadio de Santa Rosa.
“En el tiempo en que fue ministro, la obra estaba paralizada y deliberadamente no se adoptó ninguna medida, tendiente a destrabar el conflicto. Ése es el hecho que se le está imputando”, exlicó el funcionario judicial en declaraciones a la prensa.
Luego del acto de formalización de la imputación, Sancho apuntó que “al ministro Varela se le imputa el incumplimiento de los deberes de funcionario público, en momentos en que era ministro de Obras Públicas, cargo que había asumido en diciembre del año 2012 y en el que permaneció hasta su renuncia en el 2014”.
"Debió hacer algo y no hizo nada. En mi opinión, en el tiempo en que fue ministro, la obra estaba paralizada y deliberadamente no se adoptó ninguna medida, tendiente a destrabar el conflicto. Ése es el hecho que se le está imputando”, insistió.
El abogado defensor de Varela, Sebastián País Rojo, durante la audiencia dijo que solamente el gobernador podía levantar la paralización. —Es una opinión del defensor. El tema es que el gobernador tiene asesores y por eso en la los términos de la ley 1666, la de ministros, cada área debe estar asesorada por un ministro. Quienes deben tomar las decisiones son los ministros, sino no existirían”, afirmó.
El funcionario judicial aclaró que Varela “está investigado, no está procesado, porque el procesamiento no existe más. A partir de ahora, como fiscal, tengo dos posibilidades: o solicito el sobreseimiento o formulo la acusación, para la realización de un debate. Voy a continuar con la investigación y tengo 90 días hábiles para tomar una decisión. Hoy está formalizado y los plazos empiezan a correr”.
Sancho no descartó que la investigación avance sobre funcionarios de mayor jeraquía. “Hoy a quién se formalizó es a Varela. Después veremos. De la investigación pueden surgir otras cosas”, completó.
El abogado defensor planteó que “esto sigue sin ser un hecho preciso, en este tipo de delitos, más allá de que las figuras sean provisorias, el imputado debe saber en concreto qué debería haber hecho y qué no hizo”.
“Las referencias genéricas de 'no hizo nada', o 'era ministro y no asesoró', no sirven. Desde el sentido común, debería decir algo en concreto. Nuestra situación en la causa no cambia, pero sí empiezan a correr otros plazos a partir de la formalización, que son los propios de la investigación fiscal preparatoria”, explicó.
“También empiezan a correr otros plazos y nos abren a nosotros una vía impugnativa, respecto del rechazo del juez de control a nuestro pedido, porque entendemos que por más que avance la causa, no hay forma de determinar en concreto qué es lo que tendría que haber hecho Varela”, añadió.
El abogado planteó que “el Megaestadio es una obra que se paraliza de una única manera y solo se puede levantar esa paralización, de la misma manera. Estamos hablando de un acto que jerárquicamente y normativamente es de un rango superior, a lo que un ministro puede hacer. Varela no podía dictar un decreto o elevar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, porque son facultades del Ejecutivo provincial. La obra se levanta cuando están las condiciones para hacerlo y son decisiones que no dejan de ser administrativas o de gobierno, discutibles en otros planos, pero no en el plano penal”, señaló el letrado.
“Estamos hablando de los actos de un ministro, que en este caso fue Varela, pero ni Benvenutto, ni Rauschenberger podrían haber hecho algo distinto. La obra se paraliza por un decreto que ellos refrendan como ministros, pero no le implica un rol de co decisión”, insistió.
“Varela no tenía forma de rescindir el contrato, ni de intimar. La empresa, mientras la obra estaba paralizada, no tiene obligación de hacer nada, porque los plazos están suspendidos. Todo gira en ese acto administrativo, que excede a Varela o a cualquier ministro”, reafirmó.
Finalmente, País Rojo presentarán un recurso de impugnación. “Además, el fiscal tiene que tener la decisión de continuarlo y luego un juez de control ver si la causa se sostiene en un juicio. Hoy podemos decir que no hay forma de unir los puntos y hacer decir que Varela puede dictar un acto, que no puede dictar”, concluyó.
EL Diario LP
El ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela, fue acusado formalmente este martes del delito de incumplimiento de deberes de funcinario público, por la inacción durante su gestión, en torno a la paralización de la obra del Megaestadio durante más de cuatro años. El juez de Control, Daniel Ralli, aceptó que se investigue a Varela por ese delito y rechazó la pretensión del abogado defensor, Sebastián País Rojo, que solicitó directamente el sobreseimiento.
Varela es actualmente asesor del gobernador Oscar Mario Jorge. A fines del año pasado renunció a la cartera, cuando estaba a punto de ser destituido en un juicio político. El fiscal Sancho lo acusó de "inacción deliberada" ante la paralización de la obra de la empresa Inarco.
“Varela asumió en 2012 cuando la obra ya estaba paralizada pero cabe preguntarse si podía esa obra mantenerse paralizada de forma indefinida en el tiempo. Para mí eso no es posible. Además la empresa pidió un nuevo plazo de 420 días, asumía la responsabilidad y aseguraba que al estado no le iba a salir ni un peso más. Con ese pedido se aprobó una ley que venció el 31 de diciembre de 2010 y el 30 de diciembre se paralizó la obra", señaló el funcionario judicial.
"Siempre en esos informes se justificó por qué no se terminaba la obra y no hizo nada más", añadió.
El juez Daniel Ralli rechazó el pedido de absolución y dio por formalizada la investigación contra Varela.
El Megaestadio se licitó en 2006, durante el gobierno de Carlos Verna. Debía terminarse a fines de 2007 para los juegos de la Araucanía. Pero el techo colapsó por un error de cálculo. INARCO asumió la responsabilidad y presentó una alternativa de una nueva estructura: le otorgaron 420 días de plazo para montarla.
En 2010, a un día de vencerse ese plazo, la obra se paralizó. Luego, la empresa pidió más plazo y un pago millonario para comprar columnas que sostengan la nueva estructura. La Legislatura rechazó esa pretensión -avalada por el Gobierno Provincial- y desde el FrePam y el vernismo reclamaron la rescisión del contrato por un nuevo incumplimiento de la empresa.
Jorge intentó formar una comisión con los legisladores y otra con el Tribunal de Cuentas y la FIA, para determinar cómo sería el devenir de la obra. Sin embargo, ambas instancias fueron descartadas. Finalmente, como pasó el tiempo y la suspensión de los plazos de la obra se mantuvo, la FIA impulsó el juicio político al ministro Varela por la inacción oficial.
La causa
Sancho tiene en sus manos una causa judicial en la que se investigan presuntas irregularidades en la obra. En la causa se unificaron dos denuncias. Por un lado, la presentación que realizó hace un par de años el exministro de Gobierno César Rodríguez para que se investiguen las sospechas de corrupción en torno al proceso de construcción de la obra. Por otra parte, también está la denuncia contra el exinspector del Megaestadio, el ingeniero Roberto Domingo Lorda, que presentó en septiembre del año pasado el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola.En principio, en la causa se investigaba si se pagaron sobreprecios en la obra del Megaestadio. En marzo del año pasado, Sancho pidió dos pericias, una contable y otra específica, para que un ingeniero determine el real grado de avance de la obra adjudicada a INARCO. Además, en junio del año pasado, había requerido a la FIA la copia del expediente que tenía en marcha esa repartición sobre la obra.
A principio de este año Sancho pidió el expediente del juicio político a Varela. El 9 de septiembre del año pasado, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas había impulsado en la Legislatura el juicio político de Varela, a quien acusó de no cumplir con sus deberes de funcionario público por mantener la suspensión indefinida de la obra, y presentó la denuncia penal contra el inspector Lorda, contratado por la gestión del gobernador Oscar Jorge para supervisar la colocación del nuevo techo, luego de que colapsara la primera estructura.
La Sala Acusadora dio curso a la denuncia y el funcionario entregó un descargo por escrito, en el cual mencionó que la obra se licitó, en su momento, sin un proyecto de dirección de obra y sugirió que se cometieron irregularidades en la primera etapa, cuando ocupaba el cargo de gobernador Carlos Verna.
Además, durante octubre del año pasado desfilaron testigos convocados al juicio político. Durante sus declaraciones, surgieron a la luz algunas sospechas que, hasta ese momento, solo eran rumores. Los exfuncionarios de la gestión vernista coincidieron en responsabilizar a INARCO por el error de cálculo del primer techo, negaron irregularidades en esa etapa y culparon al actual Gobierno Provincial por la falta de cumplimiento del compromiso de la empresa de hacerse cargo de construir un segundo techo y colocarlo sin mayores costos.
Sin embargo, entre otros testimonios, en la Sala se escuchó a la arquitecta inicial de la obra, Adriana Kuntz Aza, quien denunció que el Megaestadio tiene irregularidades de construcción estructurales desde sus inicios, y que los exfuncionarios del área hicieron la vista gorda. El asesor de Gobierno, Marcos Paz, cuestionó la adjudicación de la obra a una empresa sin antecedentes en el tipo de construcción compleja que se requería.
Finalmente, el juicio político a Varela se cayó dos días antes de que los diputados votaran la acusación y lo suspendieran, porque el 31 de octubre el funcionario presentó la renuncia. Los diputados del FrePam anunciaron en diciembre que habían surgido elementos para denunciar penalmente a los exministros vernistas del área, Julio Bargero y Paulo Benvenutto, aunque aún no concretaron una presentación.
Sancho: "Debió hacer algo y no hizo nada"
El fiscal Guillermo Sancho acusó a Varela porque "la obra estaba paralizada y deliberadamente no se adoptó ninguna medida".El fiscal general Guillermo Sancho afirmó que el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela, “debió hacer algo y no hizo nada” para levantar la paralización de la obra del Megaestadio de Santa Rosa.
“En el tiempo en que fue ministro, la obra estaba paralizada y deliberadamente no se adoptó ninguna medida, tendiente a destrabar el conflicto. Ése es el hecho que se le está imputando”, exlicó el funcionario judicial en declaraciones a la prensa.
Luego del acto de formalización de la imputación, Sancho apuntó que “al ministro Varela se le imputa el incumplimiento de los deberes de funcionario público, en momentos en que era ministro de Obras Públicas, cargo que había asumido en diciembre del año 2012 y en el que permaneció hasta su renuncia en el 2014”.
"Debió hacer algo y no hizo nada. En mi opinión, en el tiempo en que fue ministro, la obra estaba paralizada y deliberadamente no se adoptó ninguna medida, tendiente a destrabar el conflicto. Ése es el hecho que se le está imputando”, insistió.
El abogado defensor de Varela, Sebastián País Rojo, durante la audiencia dijo que solamente el gobernador podía levantar la paralización. —Es una opinión del defensor. El tema es que el gobernador tiene asesores y por eso en la los términos de la ley 1666, la de ministros, cada área debe estar asesorada por un ministro. Quienes deben tomar las decisiones son los ministros, sino no existirían”, afirmó.
El funcionario judicial aclaró que Varela “está investigado, no está procesado, porque el procesamiento no existe más. A partir de ahora, como fiscal, tengo dos posibilidades: o solicito el sobreseimiento o formulo la acusación, para la realización de un debate. Voy a continuar con la investigación y tengo 90 días hábiles para tomar una decisión. Hoy está formalizado y los plazos empiezan a correr”.
Sancho no descartó que la investigación avance sobre funcionarios de mayor jeraquía. “Hoy a quién se formalizó es a Varela. Después veremos. De la investigación pueden surgir otras cosas”, completó.
País Rojo: "No podía hacer nada"
El abogado defensor, Sebastián País Rojo, sostuvo que la suspensión se había fijado por decreto y Varela no tenía facultades para levantarla.El abogado defensor planteó que “esto sigue sin ser un hecho preciso, en este tipo de delitos, más allá de que las figuras sean provisorias, el imputado debe saber en concreto qué debería haber hecho y qué no hizo”.
“Las referencias genéricas de 'no hizo nada', o 'era ministro y no asesoró', no sirven. Desde el sentido común, debería decir algo en concreto. Nuestra situación en la causa no cambia, pero sí empiezan a correr otros plazos a partir de la formalización, que son los propios de la investigación fiscal preparatoria”, explicó.
“También empiezan a correr otros plazos y nos abren a nosotros una vía impugnativa, respecto del rechazo del juez de control a nuestro pedido, porque entendemos que por más que avance la causa, no hay forma de determinar en concreto qué es lo que tendría que haber hecho Varela”, añadió.
El abogado planteó que “el Megaestadio es una obra que se paraliza de una única manera y solo se puede levantar esa paralización, de la misma manera. Estamos hablando de un acto que jerárquicamente y normativamente es de un rango superior, a lo que un ministro puede hacer. Varela no podía dictar un decreto o elevar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, porque son facultades del Ejecutivo provincial. La obra se levanta cuando están las condiciones para hacerlo y son decisiones que no dejan de ser administrativas o de gobierno, discutibles en otros planos, pero no en el plano penal”, señaló el letrado.
“Estamos hablando de los actos de un ministro, que en este caso fue Varela, pero ni Benvenutto, ni Rauschenberger podrían haber hecho algo distinto. La obra se paraliza por un decreto que ellos refrendan como ministros, pero no le implica un rol de co decisión”, insistió.
“Varela no tenía forma de rescindir el contrato, ni de intimar. La empresa, mientras la obra estaba paralizada, no tiene obligación de hacer nada, porque los plazos están suspendidos. Todo gira en ese acto administrativo, que excede a Varela o a cualquier ministro”, reafirmó.
Finalmente, País Rojo presentarán un recurso de impugnación. “Además, el fiscal tiene que tener la decisión de continuarlo y luego un juez de control ver si la causa se sostiene en un juicio. Hoy podemos decir que no hay forma de unir los puntos y hacer decir que Varela puede dictar un acto, que no puede dictar”, concluyó.
EL Diario LP
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