Piden que se amplíe la Ley del Arrepentido para corrupción

El diputado de UCR-Cambiemos, Luis Petri, dijo a Cadena 3 que además debe regir para enriquecimiento. "El delito nunca que va quedar impune o sin condena (para quien colabore)", aclaró.  (Foto Cadena3)


El diputado nacional de UCR-Cambiemos, por Mendoza, Luis Petri señaló a Cadena 3 que la Ley del Arrepentido debe extenderse para los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

La norma está vigente para delitos de trata, narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, secuestros extorsivos y traición a la Patria.

"Que el juez pueda reducir la pena significativamente y hasta eximirla a los colaboradores eficaces, personas que se incriminen y permitan desbaratar una organización delictiva y la investigación avance sobre los responsables. Lo que sucede en Argentina es que para cerrar el círculo es que la ley rija para los delitos de corrupción y enriquecimiento. Cuando existe este último hay maniobras para encubrir el origen ilícito y por lo general existe lavado de activos", explicó.

El delito de lavado de activos –según precisó– imputaría a Lázaro Báez, por caso, una pena de hasta 10 años y en caso de agravarse, es decir si lo hace con habitualidad, a 13 años, y se pueden establecer multas de dos a diez veces el monto que se intentó lavar.

Por ejemplo, dijo que si fuera el dinero (unos 6 millones de dólares) que se mostró en "La Rosadita" la multa sería de unos 60 millones de dólares por lavado y el juez podría reducir la pena si colabora diciendo quién lavaba y los responsables últimos de esta maniobra.

En el caso puntual de Báez, Petri señaló que la sociedad está esperando que la Justicia "despierte", dado que estuvo sometida por el Poder Ejecutivo que copó la Magistratura. "Cuando el ex vicepresidente Boudou era denunciado por el caso Ciccone, obligó a apartarse al por entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, y el juez Rafecas", apuntó.

"La Justicia está interviniendo, demostrando independencia del poder político. La sociedad le va a dar la bienvenida a partir del testimonio de estos arrepentidos, si los principales responsables comprometen a la familia presidencial", consideró.

Petri aclaró que será el juez el encargado de fijar la reducción de la pena, si el imputado aporta datos que permiten avanzar en la investigación, determinar responsables, modus operandi, origen y destino de los fondos del lavado de activos.

"En el caso de lavado de activos o terrorismo, a diferencia de traición a la Patria (que se puede eximir por completo), se puede reducir la escala penal a la mitad o aplicar la tentativa. Es decir de diez a cinco años. Esto no significa que el delito va a quedar impune o sin condena", indicó.

En otro orden, remarcó que se debe proteger de manera especial a los testigos porque sobre todo en los casos de corrupción a quienes se acusan tienen los resortes del poder y "muchas veces" están dentro del Estado.

"Utilizan al Estado para apretar y amenazar. No sólo despidiéndolos en caso de ser empleados sino a los empresarios que les quitan contrataciones", añadió.

"Hay que establecer en Argentina un programa de protección de testigos para casos de corrupción", finalizó. 
 

Cadena3

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