Santa Rosa | El TOF rechazó el abreviado para el juez Charlín

El Tribunal Oral Federal rechazó por unanimidad el acuerdo de juicio abreviado para el juez federal José Antonio Charlín, según publicó iTextual. Estableció que el caso, al encuadrarse en un contexto de violencia de género, debe juzgarse en forma pública. Así, fijó una nueva fecha para las audiencias. (Foto Arch.: El Diario LP)

Charlín debía someterse el lunes a un juicio oral. Pero ese día, antes de iniciarse el debate, había admitido parte de las acusaciones y acordado una pena de 3 años de prisión en suspenso. Es decir, había logrado evitar una pena de prisión efectiva. Ahora, con el rechazo a su pretensión y el inminente inicio del juicio oral y público, se expone a la posibilidad de ser condenado e ir a la cárcel.

El acuerdo, en rigor, había sido alcanzado por el fiscal Jorge Bonvehí y la defensora Laura Armagno. Habían establecido tres años en suspenso y cinco de inhabilitación a José Charlín, acusado de malos tratos y acoso, entre otros delitos.

Para que la pena fuera condicional, recalificaron dos de las acusaciones: en vez de amenazas agravadas, fue acusado de amenazas simples.

Ese acuerdo debía ser convalidado por el Tribunal Oral Federal. En las últimas horas lo declaró inadmisible. Entre otros puntos, según trascendió, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recomendado que no se acepten los abreviados en los casos donde haya acusados de violencia de género.

De esta manera, al rechazar el abreviado, fijó las fechas del debate para los días 8, 9 y 10 de agosto.

Charlín –quien se encuentra designado para asumir el cargo de juez federal de General Pico, pero aún ese juzgado no se encuentra en marcha- llegó en 2013 como magistrado sustituto del juzgado de Santa Rosa. 
 
Poco después, los empleados denunciaron penalmente a Charlín por malos tratos, acoso verbal y sexual e, incluso, dijeron que los amenazó con un arma de fuego. Una de las denunciantes fue Iara Silvestre, exjueza federal sustituta.

Está acusado de los delitos de abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, amenazas verbales, acoso sexual.


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