Provinciales | Verna reconoció la labor de la FuChad

En el día de la fecha el gobernador de la provincia de La Pampa, Carlos Alberto Verna, recibió a la Fundación Chadileuvú –FUCHAD- en la persona de su presidente, Héctor Gómez y de Antonio Sapegno, reconociéndoles la lucha inclaudicable y el acompañamiento fundamental que ha realizado la Fundación Chadileuvú a lo largo de los años, en defensa de los derechos de la Provincia de La Pampa y sus habitantes respecto del Río Atuel y demás cuencas hídricas.  (Foto iTextual)

El Gobierno de La Pampa ha tomado conocimiento de la opinión de los relatores de la Organización Nacional de Naciones Unidas, Leo Heller y Hilal Elver, en virtud de la presentación efectuada por la Fundación Chadileuvú con relación al conflicto interporvincial del río Atuel.

La problemática descripta por los relatores, viene siendo denunciada por la provincia de La Pampa a lo largo de las últimas décadas, razón por la cual se celebran las palabras allí vertidas en cuanto resaltan un reconocimiento de los derechos y demandas realizadas por esta Provincia y cuya última manifestación es la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los expertos han manifestado: “El Gobierno de Argentina tiene que tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de los residentes de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa que han vivido durante décadas sin acceso adecuado del agua”.

“Los Gobiernos Provinciales y el Gobierno Nacional no se han comprometido lo suficiente para garantizar una solución adecuada a la dramática situación causada por la falta de agua en el oeste de La Pampa” indicó el Sr. Heller.

Asimismo resaltó el relator Especial de la ONU “incluso, se puede constatar que, desde la construcción del embalse, se ha tolerado el uso unilateral del Atuel por parte de la provincia de Mendoza, sin preocuparse por los efectos negativos en las víctimas”.

“Esa situación contradice rotundamente la obligación del Estado de respetar, proteger y realizar el derecho humano a una alimentación adecuada”, dijo la Sra. Elver al señalar que “el Estado no debe adoptar medidas de ningún tipo que tenga por resultado impedir el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente para satisfacer la necesidad alimentaria de los individuos”.

En el mismo orden de ideas los relatores dijeron: “Otro problema aún más grave es que el cumplimento de los derechos humanos de las víctimas no ha sido el objetivo principal de los poderes públicos, lo que hace que se siga impidiendo el acceso de las comunidades afectadas al agua potable para usos personales, domésticos, para la producción de alimentos”.

“Hay que evitar la perpetuación del conflicto interprovincial que implica la denegación del derecho humano al agua y a la alimentación a muchos argentinos y hay que recordar que, independientemente de la delegación de esos servicios, la principal obligación de garantizar los derechos humanos para todos es del Estado”.