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El ministro de Salud dijo que se trata de "un proyecto extraordinario". La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia admitió que esta iniciativa sola "no alcanza". Se espera que el recinto lo trate el 29 de diciembre.


El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, calificó este lunes como "extraordinario" al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.


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"Es un proyecto extraordinario, porque baja la mortalidad materna, la morbilidad materna y aumenta la vida de las mujeres", remarcó el funcionario al exponer ante un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores.

A través de una videoconferencia, que compartió con la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra; y con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; González García sostuvo que el expediente "tuvo en cuenta la experiencia mundial".

"No es en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en la Argentina", remarcó González García.

Durante su breve intervención, el ministro detalló que "en una estimación aproximada" se practican alrededor de "mil abortos por día en la Argentina y cien internaciones en hospitales públicos" por prácticas que terminan mal.


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"Si bien ese número viene disminuyendo por todos los programas que vienen implementándose en la Argentina, el tema sigue pasando", reconoció González García.

Por su parte, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, declaró en el Senado que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por sí solo "no alcanza", pero ratificó que lo que se busca es poner un freno a "las muertes evitables y abordar el problema de salud pública" que acarrean los abortos clandestinos.

Ibarra dijo ante un plenario de comisiones del Senado, en el inicio del debate, que la penalización del aborto que rige hasta la actualidad "no dio resultados" y reiteró que una educación sexual integral "debe ser una política de Estado".


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"No queremos que ninguna mujer que curse un proceso de maternidad piense en una situación de aborto por dificultades. Queremos que el Estado este allí", expresó la funcionaria y recordó que el proyecto del IVE fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ibarra planteó: "Tenemos que hacernos cargo como sociedad y desde el Estado del gravísimo problema que afecta a las mujeres. Es un problema de salud pública".

"Sabemos que este proyecto solo no alcanza. Sabemos que lo que se necesita para disminuir la cantidad de abortos es un reforzamiento muy amplio de la educación sexual integral y de prevención de violencias y abusos", insistió.

La funcionaria participó de la redacción de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, junto a otra que apunta a proteger a las mujeres embarazadas y a los primeros años de la infancia.


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Ibarra exhortó a tener "una mirada de justicia social" y a considerar que hay mujeres que "pueden costear (un aborto) y acuden a excelentes profesionales en condiciones seguras", pero otras, sin recursos, son las que corren los "riesgos" cuando interrumpen un embarazo.

"Esto sucede en Argentina y queremos estar allí acompañando a las mujeres", expresó Ibarra, y sostuvo que, si el proyecto se aprueba, "no se violenta las creencias de nadie ni las ideas de nadie".

"Sin embargo, algo habrá cambiado: vamos a tener menos infecciones, menos perforaciones intrauterinas, menos sufrimiento de mujeres, menos muertes evitables y nuestro objetivo es que haya menos embarazos no intencionales y abortos", concluyó.

El proyecto fue girado al Senado, pocas horas después de haber sido aprobado en Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, un margen más amplio que el que obtuvo cuando fue aprobado en 2018.

Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.


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