La oposición presiona al Gobierno para que se cumpla el fallo de la Corte: propuso dos candidatos para el Consejo de la Magistratura

= Foto: WEB = 

La UCR pidió designar a la diputada santacruceña Roxana Reyes y el PRO, al senador cordobés Luis Juez. Así, Juntos por el Cambio busca avanzar en el cumplimiento del fallo de la Corte, que rechaza el oficialismo.  


El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, confirmó este miércoles que el espacio "propuso a la diputada Roxana Reyes (Santa Cruz) para el Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría, a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema".

Además, se nominó como suplente a Francisco Monti (Catamarca) para ocupar el espacio que se abrirá una vez que venza el plazo que puso la Corte Suprema para sancionar una nueva ley.

"Se presentó la nota en Mesa de Entradas, dirigida a Sergio Massa, con copia a la Corte y al Consejo", explicó Negri.

El cordobés reiteró que "el fallo de la Corte es de cumplimiento obligatorio".

"La ley que regula los amparos dice expresamente que la acción de amparo no es admisible contra actos de un órgano judicial. Por lo tanto, la decisión del juez de Paraná de hacer lugar al amparo solicitado por el kirchnerismo es abiertamente contraria a la normativa vigente", dijo Negri.


"El kirchnerismo no puede subvertir, con la ayuda de jueces amigos, el orden constitucional. El próximo lunes el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, deberá cumplir el fallo del Máximo Tribunal", manifestó el jefe de bloque radical.

En tanto, por el Senado, el PRO propuso al cordobés Luis Juez para ocupar el espacio que se abriría por la Cámara alta.

Las nominaciones de la oposición se hicieron pese a que este miércoles el juez federal de Entre Ríos, Daniel Edgardo Alonso, notificó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a Sergio Massa que deben abstenerse de avanzar con las designaciones.

El magistrado del juzgado Federal N° 2 de Paraná hizo lugar a una precautelar presentada por el diputado Marcelo Casaretto.

Para decidir la cuestión de fondo, pidió un informe a las autoridades del Congreso "respecto del interés público comprometido por la solicitud, pudiendo expedirse en el mismo acto sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañar las constancias documentales que estimen pertinentes". Les dio un plazo de cinco días hábiles para contestar.

Sin embargo, para la oposición el fallo sólo busca ganar tiempo, cuando en realidad sólo la Corte puede juzgar en este caso.


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