Obra pública | Cristina Kirchner pidió excluir bienes de sus hijos del decomiso por Vialidad
La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si mantiene la inclusión de 19 departamentos a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.
La Cámara Federal de Casación Penal revisará la decisión judicial que incluyó 19 departamentos a nombre de Máximo y Florencia Kirchner dentro del decomiso de bienes ordenado tras la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El planteo fue presentado por la defensa de la expresidenta y por el apoderado legal de sus hijos, quienes no fueron imputados ni condenados en ese expediente.
El Tribunal Oral Federal 2, que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, concedió los recursos de apelación y elevó el caso al máximo tribunal penal federal.
En su resolución, los jueces del TOF2 dejaron constancia de que el monto del decomiso fijado en la sentencia —actualizado a casi 684 mil millones de pesos— se encuentra firme y en etapa de ejecución.
No obstante, habilitaron la revisión de Casación respecto de la inclusión de las 19 propiedades que fueron cedidas en vida a Máximo y Florencia Kirchner como parte de una herencia anticipada. La medida había sido cuestionada tanto por la defensa de Cristina Kirchner como por el representante legal de sus hijos, quienes sostienen que esos bienes no guardan relación con los hechos investigados en la causa Vialidad.
La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, ya tiene a estudio este planteo y también analiza, desde la semana pasada, otra apelación vinculada a nuevas restricciones en el régimen de visitas de la expresidenta.
En sus argumentos, los abogados defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, afirmaron que la resolución del TOF2 incurrió en contradicciones con decisiones previas del propio tribunal y de Casación, y que vulneró normas de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Por su parte, el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldin, alegó arbitrariedad, lesión al derecho de propiedad y afectación de los principios de inocencia y debido proceso. Sostuvo que se aplicó de manera indebida el régimen de decomiso para alcanzar bienes lícitos de terceros, de origen sucesorio, sin prueba de vinculación con el delito investigado.
Según resumió el propio TOF2, la resolución cuestionada avanzó sobre un “modelo de decomiso amplio” y un “decomiso por valor equivalente” no previstos expresamente en la ley, al proyectar la sanción sobre bienes de origen lícito y ajenos al hecho juzgado. La decisión que concedió los recursos fue firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
En concreto, la ex presidenta y sus hijos solicitaron a Casación que excluya del decomiso los bienes que figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner y, en caso de una decisión adversa, anticiparon que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia y a organismos internacionales.
El Tribunal también resolvió tener presente el pedido de suspensión del decomiso, al considerar que las diligencias pendientes son de carácter administrativo y no generan un perjuicio actual.
El decomiso fue dispuesto el 18 de noviembre pasado y alcanzó bienes de Cristina Kirchner y del empresario Lázaro Báez, así como de empresas vinculadas a este último. La medida se adoptó a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y estableció que los bienes sean tasados para cubrir la suma de 684.990.350.139,86 pesos. En caso de resultar insuficientes, se avanzará sobre bienes de otros condenados en la causa.









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