FOPEA rechaza la creación de la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno

= Foto: WEB = 



La nueva iniciativa del Gobierno busca desmentir desinformaciones pero FOPEA advierte sobre el riesgo institucional que implica. La libertad de expresión y el periodismo crítico están en juego.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su profundo rechazo a la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial”, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional a través de una cuenta en la red social X, dependiente de la Presidencia de la Nación.

La oficina, anunciada este jueves, busca “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, según el comunicado oficial difundido en la cuenta @RespOficial_Arg. 



El Gobierno argumenta que, ante la proliferación de desinformación tras el fin de la pauta oficial a medios, es necesario una respuesta activa para exponer mentiras y distinguir hechos de relatos, sin imponer una mirada única y respetando la libertad de expresión.

Sin embargo, FOPEA advirtió sobre la gravedad institucional de esta medida. En un comunicado emitido el mismo día, la organización señaló que el Estado no puede erigirse como un “tribunal de la verdad”, ya que ello choca con la esencia de una sociedad libre y con el rol del periodismo, que se basa en el rigor, el chequeo de fuentes y la honestidad intelectual, no en la imposición de una verdad oficial desde el poder.

“El Artículo 1 de nuestro Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad (...) jamás como la imposición de un dogma”, enfatizó FOPEA. La entidad calificó de alarmante que la iniciativa se difunda desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia, lo que implica el uso de recursos públicos para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica.

FOPEA recordó que esta postura es consistente con sus pronunciamientos durante 23 años de existencia, habiendo rechazado iniciativas similares de otros gobiernos. Subrayó que el Estado debe garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública -en un contexto donde se ha modificado por decreto la Ley de Acceso a la Información Pública, se limitan las conferencias de prensa y se eliminó la vocería presidencial regular-, en lugar de auditar el discurso público o hostigar a quienes informan.

“El periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública”, concluyó la organización.

La creación de la Oficina de Respuesta Oficial generó inmediato debate en medios y redes, con críticas que la comparan a un “ministerio de la verdad” y defensas que la ven como una herramienta legítima contra la desinformación, en un marco de confrontación entre el Ejecutivo y sectores del periodismo.


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