Tras aprobarse en el Senado | La CGT presentó un amparo judicial contra la reforma laboral

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La central obrera pidió que se declare la inconstitucionalidad de la norma sancionada por la Cámara alta y argumentó que vulnera los derechos laborales previstos en la Constitución.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un amparo ante la Justicia para intentar frenar la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso.

La acción judicial fue presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, el mismo magistrado que en 2024 había dejado sin efecto parte del decreto de desregulación impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El planteo está firmado por el triunvirato que conduce la central sindical y por dirigentes de los gremios que integran la organización.

La presentación judicial se concretó luego de que el lunes pasado la CGT realizara una movilización hacia los tribunales de la calle Talcahuano, donde anticipó el recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado de la Nación Argentina y aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

"Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional", afirmó el cosecretario general de la CGT Jorge Sola ante la prensa.

En un comunicado difundido tras la presentación, la central sindical sostuvo que su reclamo se fundamenta en la presunta afectación del artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina y en principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tienen jerarquía constitucional.

"La mal llamada 'modernización' significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales que violan expresamente principios constitucionales", indicó la CGT en el documento.

Según la central obrera, la normativa vulnera el principio de progresividad o no regresión, que impide adoptar medidas que impliquen retrocesos injustificados en derechos laborales adquiridos.

El escrito también sostiene que se afecta el principio protectorio del derecho laboral, basado en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, cuyo objetivo es equilibrar la relación y evitar abusos sobre la parte más débil.

En ese sentido, la CGT advirtió que la reforma impacta sobre derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social.

La organización sindical cuestionó además aspectos puntuales de la norma, entre ellos la posibilidad de establecer jornadas laborales de hasta 12 horas, la eliminación de recargos por horas extras y la eventual reducción de salarios.

También objetó la eliminación de sanciones a empleadores que incumplen con aportes previsionales y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se paguen en cuotas a través del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Cadena3