Estados Unidos | Caso YPF: el Gobierno rechazó el uso de datos confidenciales ante el CIADI

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La Argentina y la petrolera se opusieron ante una jueza de Nueva York a que los fondos demandantes utilicen información del litigio en EE.UU. en un eventual proceso.

El Gobierno nacional y YPF se presentaron ante la jueza de Nueva York Loretta Preska para rechazar el pedido de los demandantes del caso por la expropiación de la petrolera de utilizar información confidencial en un eventual arbitraje internacional.

Los fondos Petersen y Eton Park —financiados por Burford Capital— solicitaron autorización para emplear en un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones documentación obtenida durante el proceso judicial en Estados Unidos. Según la defensa argentina, ese material está protegido por un acuerdo vigente que limita su uso exclusivamente al litigio en ese país.

En una carta fechada el 24 de abril, enviada por el estudio Sullivan & Cromwell en representación del Estado, los abogados sostuvieron que el planteo “contradice lo pactado entre las partes”, un entendimiento que fue homologado por el tribunal hace casi seis años.

“La orden prohíbe expresamente la extraordinaria medida que los demandantes buscan”, señalaron. En ese sentido, remarcaron que el material de discovery “puede ser utilizado únicamente para la tramitación o defensa de estas acciones y para ningún otro propósito, incluyendo su uso en otros procesos legales, presentes o futuros”.

La presentación oficial advierte que los demandantes intentan modificar esa cláusula para habilitar el uso de toda la evidencia recolectada en Nueva York en su estrategia de revertir el fallo adverso en Estados Unidos mediante un arbitraje internacional. “Ahora buscan reescribir esta disposición acordada para poder usar todo el material en procedimientos arbitrales”, indicaron.

Además, la defensa cuestionó la oportunidad del pedido. Según argumentó, no existen fundamentos para alterar las reglas actuales y el planteo resulta prematuro, ya que los demandantes aún no iniciaron formalmente el arbitraje ante el CIADI. En esa línea, la posición argentina sostiene que no corresponde anticipar una excepción a la orden de confidencialidad vigente para un proceso que todavía no existe.

El trasfondo de la disputa es la estrategia de los fondos tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto la condena de primera instancia contra la Argentina por 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012. Los demandantes ya anticiparon que buscarán revertir esa decisión en la Justicia estadounidense y, en paralelo, avanzar con una presentación ante el tribunal arbitral del Banco Mundial.

La semana pasada, los propios fondos informaron a Preska su intención de recurrir al CIADI y pidieron autorización para reutilizar en ese ámbito la información confidencial obtenida durante el discovery, lo que motivó la respuesta del Estado argentino y de la petrolera.

El CIADI es un organismo especializado en disputas entre Estados e inversores extranjeros, generalmente en el marco de tratados bilaterales de inversión. En el caso argentino, concentra buena parte de los litigios internacionales acumulados en las últimas décadas, muchos de ellos vinculados a la crisis de 2001 y la pesificación de contratos.

Sin embargo, sus laudos no son de ejecución directa: quienes obtienen un fallo favorable deben recurrir luego a tribunales —habitualmente en Estados Unidos— para su reconocimiento y eventual cobro.

Entre los antecedentes más relevantes figuran casos a favor de empresas como AES Corporation, Webuild y Mobil Exploration, además del acuerdo alcanzado en 2014 con Repsol por la expropiación de YPF, que implicó una compensación de 5.000 millones de dólares.

Cadena3