#Politica | Diputados retoma el debate por la Ley de Defensa de la Soberanía tras el fallo por la Ley de Tierras
El plenario de comisiones recibe a especialistas y opositores para analizar la iniciativa del Gobierno que endurece penas por Malvinas y autoriza el derribo de aeronaves hostiles.
La Cámara de Diputados de la Nación reanuda este martes a las 15:30 el debate en comisión sobre el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía impulsado por el Poder Ejecutivo.
El tratamiento se da en un clima atravesado por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó una medida cautelar y reactivó la venta de tierras a empresarios extranjeros, y tras la accidentada jornada previa que terminó con cruces entre dirigentes sociales y legisladores oficialistas.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores —conducido por los diputados libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán— llevará a cabo una reunión informativa en la que expondrán especialistas y referentes propuestos por la oposición.
Entre los citados figuran el exministro Daniel Filmus, la titular del CELS Paula Litvachky, académicos de la UBA, especialistas en defensa e integrantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM).
La iniciativa busca derogar la Ley 26.659 y reemplazarla por un régimen más estricto que sanciona la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes.
Contempla penas de hasta 20 años de cárcel, inhabilita a las empresas infractoras para operar en el país, crea un registro público de infractores e incorpora la figura del juicio en ausencia.
Además, el texto promueve la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente con facultades para adoptar medidas financieras y operativas urgentes, e incluye un protocolo que contempla, como último recurso, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles.
Asimismo, la norma prevé prohibir aportes extranjeros a campañas electorales, tipificar delitos vinculados al espionaje y la desinformación masiva, redefinir el rol de las Fuerzas Armadas ante amenazas externas no estatales en seguridad interior, e incorporar por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET) para inmovilizar activos.
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