#Sociedad | El INTA exoneró a la investigadora que estudió la presencia de agroquímicos en personas
El Consejo Directivo del organismo aplicó la sanción más grave del empleo público tras concluir un sumario iniciado en 2023. La resolución cuestiona el rol de su pareja en el proyecto SPRINT y el manejo de fondos europeos.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Carolina Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, dedicado a estudiar la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y en el organismo de personas voluntarias.
La decisión quedó formalizada en la resolución 366, fechada el lunes 26 de octubre, y representa la sanción más grave prevista en el régimen de empleo público nacional. La medida implica la desvinculación de Aparicio del INTA y del sector público.
La resolución se fundamenta en lo tratado por la Comisión Directiva durante una reunión del 27 de agosto, que dio por concluido el sumario administrativo abierto en diciembre de 2023.
El artículo 11 del documento dispone aplicar la exoneración por la presunta violación comprobada de dos prohibiciones establecidas en el artículo 24 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional: utilizar las atribuciones del cargo para fines ajenos a la función y hacer un uso indebido del patrimonio estatal.
Los cuestionamientos por la participación de su pareja
Uno de los principales fundamentos de la sanción está relacionado con José Luis Costa, investigador retirado del INTA y pareja de Aparicio.
De acuerdo con la resolución, Costa integraba el grupo familiar de la investigadora en calidad de conviviente. El organismo sostiene que esa relación está acreditada en las declaraciones juradas incorporadas a su legajo, donde consta una unión de hecho desde septiembre de 2005.
El Consejo Directivo consideró que Aparicio utilizó sus atribuciones como coordinadora para otorgarle a Costa una participación particular en el proyecto, con intervención en la conducción y acceso a información reservada, sin la autorización institucional correspondiente.
El documento señala que esa participación no fue formalizada por el órgano decisor del consorcio internacional ni se informó de manera específica el conflicto de intereses para que pudiera ser evaluado de forma independiente.
La resolución también remarca que Costa estaba retirado del INTA y ya no tenía un vínculo institucional vigente con el organismo.
Sin embargo, el documento informativo entregado a los voluntarios del estudio lo mencionaba, junto con Aparicio y otro integrante del equipo, entre las personas habilitadas para inspeccionar datos, incluso cuando no estuvieran codificados.
Las observaciones sobre los fondos europeos
El segundo eje de la sanción se vincula con la administración de los fondos europeos destinados al proyecto SPRINT, que ingresaron a la contabilidad del INTA.
Según el detalle incluido en la resolución, el organismo registró ingresos por $5.661.483,83 y egresos por $5.527.359,58, con un saldo de $134.124,25.
Entre las operaciones mencionadas figura un pago de $1.688.445,82 a la empresa World Courier, realizado en julio de 2022 para enviar muestras a los Países Bajos. El documento estima que el importe equivalía a unos 13.122,95 euros, según la cotización del Banco Central.
No obstante, la propia resolución aclara que esos montos no permiten establecer, por sí solos, la existencia de un perjuicio fiscal por una suma equivalente. También señala que la existencia y la cuantía de un eventual daño al Estado no fueron determinadas de manera fundada en ese procedimiento.
El proyecto SPRINT y la investigación sobre agroquímicos
Aparicio coordinó en Argentina el proyecto SPRINT, una iniciativa científica internacional orientada a analizar la exposición a productos fitosanitarios y la presencia de sus residuos en el ambiente y en muestras de personas que participaron voluntariamente del estudio.
La investigación generó interés por sus mediciones sobre la presencia de agroquímicos y sus posibles vías de exposición. Sin embargo, la resolución de exoneración se centra en cuestiones administrativas vinculadas con la participación de Costa y el manejo de los fondos del proyecto.
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