Santa Rosa | El gobierno le depositó 800 mil pesos al empresario Roson

El dueño de una empresa de limpieza, Raúl Roson, había denunciado penalmente a funcionarios provinciales por la supuesta mala liquidación de sus servicios. (Foto Arch.: El Diario LP)

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Una semana después lo golpearon tres encapuchados. Ahora, el gobierno le hizo un deposito judicial porque el empresario se negaba a recibir el dinero de la redeterminación. Roson sostiene que se debe liquidar de otra forma y el conflicto persiste.

El gobierno provincial hizo un depósito judicial de una deuda de alrededor de 800 mil pesos al empresario Raúl Roson, el dueño de una empresa de limpieza que había denunciado penalmente en mayo a varios funcionarios por un conflicto en la liquidación de sus servicios. El 3 de junio Roson fue golpeado por tres encapuchados en la puerta de su casa, en una agresión que él relacionó con ese conflicto.

Según se publicó en el Boletín Oficial de esta semana, el gobierno provincial, por decreto Nº 356, instruyó al Fiscal de Estado (José Vanini) a iniciar las acciones extrajudiciales y judiciales tendientes a satisfacer la deuda mantenida con el proveedor del Estado, Néstor Raúl Roson, por 264.711,00 pesos, en concepto de diferencia de redeterminación del precio del contrato de prestación del servicio de limpieza del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de General Pico por el período comprendido entre el mes de mayo de 2012 y abril de 2013.

Además, por decreto Nº 357, el gobierno instruyó al fiscal a iniciar las acciones extrajudiciales y judiciales tendientes a satisfacer la deuda mantenida con el proveedor del Estado, Néstor Raúl Roson, la cual asciende a la suma de 487.670,16 pesos, en concepto de diferencia de redeterminación del precio del contrato de prestación del servicio de limpieza del Centro Sanitario, Área Programática y Hospital Evita por el período comprendido entre el mes de mayo de 2012 y abril de 2013.

En mayo Rosón salió públicamente a denunciar que la asesora de Gobierno, Daniela Vassia, había firmado un dictamen, el 233/08, que indicaba que no se incluyan los impuestos de Ingresos Brutos, Ganancias e IVA en la redeterminación de precios.

Desde ese momento, hace cuatro años, el empresario venía reclamando el pago de esos impuestos. Según el empresario, el Poder Ejecutivo no había abonado las redeterminaciones (salarios del personal) solicitadas hace once meses, por paritarias a mayo de 2012, ni con IVA ni sin IVA.

Rosón fue víctima de una violenta golpiza en su casa, en Horneros 5259, en el barrio Lowo Che, el 3 de junio. Lo atacaron a las 7 de la mañana, cuando salía, tres hombres, con pasamontañas y guantes. Lo agredieron con las culatas de las armas.

Rosón había denunciado unos días antes que el Gobierno Provincial le liquida mal los contratos y consideró que el ataque fue “un apriete”. Tiene una empresa, Multiservicios Rosón, y brinda tareas de limpieza en organismos públicos. Tiene contratos con el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ejecutivo.

El empresario tiene 115 empleados y hace cuatro años que sostiene la disputa con el Ejecutivo Provincial que no le pagaba a la hora de reconocer los mayores costos, el empresario no se la abona a sus empleados, aunque la traslada al recibo de sueldo.

El empresario había presentado tres denuncias en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) contra funcionarios provinciales. Y el jueves 9 de mayo, ante la Fiscalía de turno en el Centro Judicial, una acusación más grave aún apunta a los funcionarios como integrantes de una “asociación ilícita” cuyos fines serían provocar la quiebra de su empresa, generando la pérdida de trabajo de sus empleados, y convertir al Estado provincial en un evasor del fisco. Esa denuncia fue enviada a archivo.

Una fuente gubernamental indicó: "Tenemos una intepretación que es la que sostiene la Asesoría Letrada de Gobierno de cómo se debe hacer la liquidación, a través de la ley provincial 2.271. El único que ha cuestionado la manera de liquidar de los servicios de vigilancia, es Roson. Como él se había negado a cobrar, la Secretaría General hizo el depósito judicial la vez pasada. Y ahora Salud hizo lo mismo porque él se niega a cobrar".

"Nosotros no modificamos en nada la posición", explicó.

"Todas las empresas se liquidan bajo la ley 2.271 y los funcionarios compartimos el dictamen. Roson es el único que se niega", insistió.

Para concluir, añadió que "el 10 de julio se le adjudicó nuevamente la licitación de la limpieza de Casa de Gobierno. El pliego tiene com cláusula de redeterminación la misma cláusula que el contrato que él cuestiona. De hecho, él, en el mismo expediente, aceptó la primera redeterminación y no aceptó la segunda".
El Diario LP

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