La oposición fustigó la ley de Abastecimiento

Referentes de diferentes bloques de la oposición aseguraron que la norme está sin vigencia. (Foto Arch.: WEB)

Tras las clausuras a cuatro supermercados basadas en sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento, referentes opositores salieron a cuestionar al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y a advertir que aplicó una norma sin vigencia por la caducidad de las facultades delegadas al Ejecutivo, cuyo plazo establecido por la Constitución y sus sucesivas prórrogas vencieron en agosto de 2010, según publicó Clarín.

“Cuando Moreno aplica la Ley de Abastecimiento, el perjudicado puede recurrir a la Justicia”, planteó el peronista disidente Gustavo Ferrari, diputado del sector de Francisco de Narváez. “Quieren resolver por la fuerza lo que no pueden con políticas adecuadas, lo que genera más desconfianza, inflación y desabastecimiento”, añadió este último.

“El secretario de Comercio aplica una ley que está suspendida, lo que significa que está actuando contra lo establecido por nuestra legislación. No se puede obligar a particulares a vender sus productos a pérdida”, aseguró Federico Pinedo, jefe de bloque de diputados del macrismo.

Promulgada en junio de 1974, la Ley 20.680 “comprende todos los procesos económicos relativos” a la compraventa, permuta y locación de bienes y servicios, establece que el Ejecutivo podrá fijar precios máximos y “obligar a continuar con la producción, industrialización, comercialización, distribución o prestación de servicios”, entre otras atribuciones. Como sanciones contempla multas, arresto y clausuras de hasta 90 días, inhabilitación hasta cinco años, comiso de las mercaderías y productos, y prisión de seis meses a cuatro años en casos de “especial gravedad”. La Constitución de 1994 prohibió al Congreso delegar facultades al Ejecutivo, salvo en casos de emergencia y con un plazo determinado, y estableció cinco años de vigencia para las normas sancionadas entre 1853 y 1994 que contenían delegaciones: las que no fueran ratificadas por el Congreso, caducarían en 1999. Ese año hubo una prórroga y luego otras tres, hasta que en 2010 se cumplió la última.

“Las facultades delegadas están caídas y el Ejecutivo no puede dictar nuevas normas”, aseguró Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque de diputados de la UCR, y enmarcó las acciones de Moreno en “el intento de intimidar permanentemente para que la realidad se acomode a las amenazas”.

Juan Pedro Tunessi (UCR) la consideró una “ley caduca y anacrónica que sólo se explica en un contexto de intervenciones nocivas del Estado que perjudican a los mas débiles, como el caso del trigo”.

Asimismo, Patricia Bullrich, de Unión por Todos, cuestionó las clausuras: “Moreno se excede porque usa una ley que no está vigente. Esto hace incurrir al secretario e n abuso de poder, porque realiza una acción de amedrentamiento y porque utiliza un instrumento inexistente jurídicamente”.

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