Columnas: cooperativas y Gobierno, citados

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela, y dirigentes de la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas concurrirán este mediodía a la Comisión de Asuntos Agrarios de la legislatura en el marco de tratamiento de la utilización de las columnas de electricidad, tema por el que el Gobierno y las entidades solidarias mantienen una puja.

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El encuentro está previsto para las 12.30. Desde la legislatura no especificaron si Varela y los cooperativistas expondrán juntos o separados en la comisión.

Según se informó oficialmente, los legisladores considerarán la nota remitida por la Fepamco que se refiere al tema de la utilización para servicios adicionales de la infraestructura de redes con que cuentan las cooperativas distribuidoras de energía eléctrica.

La Fepamco presentó un borrador denominado "Reglamento para la utilización de estructuras de soportes de redes", aplicables a las solicitudes de utilización simultánea de las estructuras de soportes de la red eléctrica (columnas, postes, etc.), afectados al servicio público de distribución eléctrica, por parte de prestadores de servicios adicionales.

El reglamento contiene la definición de cada uno de los sujetos de derechos a los cuales le será aplicable la nueva normativa del uso de la estructura de soportes de redes eléctrica, definiéndose los conceptos de autoridad de aplicación, cooperativa concesionara del servicio público eléctrico, estructura de soportes de la red eléctrica, servicio adicional, prestador de servicio adicional con fin de lucro y sin fin de lucro, red de servicio adicional, titular del espacio público y titular del servicio de distribución de energía eléctrica.

La puja entre el Gobierno y las cooperativas es por la propiedad y el cobro del canon por la utilización de las columnas eléctricas. El conflicto se agudizó luego de que el Ejecutivo sacó la resolución 32/2012 en la que dice, entre otras cosas, que las columnas son del Estado.

Las cooperativas presentaron un proyecto en la legislatura para derogar esa resolución. En la iniciativa, las entidades solidarias reconocen el poder de policía del Estado para controlar la seguridad del servicio eléctrico, pero establece para sí el derecho en el uso de las columnas, el cobro del canon y pone límite a las cableras.

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