Lonquimay | Procesaron al intendente Rogers por trata de personas
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2014/05/lonquimay-procesaron-al-intendente.html
La jueza Iaraa Silvestre procesó a fines de abril al intendente de Lonquimay Luis Rogers y al comisario Carlos Alaniz por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y de incuplimientos de los deberes de funcionario público. Además, la magistrada procesó al dueño del prostíbulo Good Nigth, Eduardo Mauricio Fernández. (FOto Archivo)
En los tres casos, la jueza dispuso que no quedaran detenidos. Por eso, el fiscal Juan José Baric adelantó que apelará la decisión. Si quedan firmes estos procesamientos, irán a juicio oral y público.
Fernández, quien era dueño del prostíbulo, fue procesado por el delito de participación primaria por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por ser tres o más las personas que cometieron el delito y por ser más de tres las víctimas, en concurso ideal por sostenimiento de una casa de tolerancia.
A su vez, el intendente y el policía fueron procesados también por el delito de trata, agravado por ser más de tres personas las participantes en el delito y más de tres las víctimas, y por ser funcionarios públicos.
Hace unos días, un grupo de fiscales habían pedido a la jueza a que se apurara a resolver la situación procesal de los acusados. En una nota, el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (Protex), Marcelo Colombo; el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro; y el fiscal federal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de La Pampa, Juan José Baric, habían solicitado días atrás la inmediata resolución procesal del subcomisario Carlos Alaniz y del intendente de la localidad de Lonquimay, Luis Rogers, involucrados en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual.
Por pedido de los fiscales Baric y Colombo, los acusados declararon en noviembre del año pasado. Ambos funcionarios están imputados en la causa debido al presunto apoyo que brindaban para el sostenimiento del prostíbulo.
Rogers, recordó la Procuración General en un comunicado de prensa, había defendido públicamente el lugar en el que se estaba cometiendo un delito. No solo se pronunció en contra del cierre del local, sino que también fue el encargado de otorgar la habilitación bajo el rubro "servicios de salones de baile" y de firmar las libretas sanitarias de las mujeres prostituídas, cuyos exámenes incluían estudios ginecológicos y de HIV.
Alanís -quien hace unos años era el subcomisario en Lonquimay y ahora es comisario en Acha- se encontraba en conocimiento de la situación de las mujeres en el prostíbulo y refrendó acusaciones por parte de una víctima que denunció las amenazas que recibió del dueño del local, dijeron los fiscales. "Además, se debe sumar la relación fluida que poseían el intendente, el policía y el propietario del cabaret, reflejada no sólo en los dichos de las testigos, sino documentado a través de las comunicaciones telefónicas acreditadas en el expediente", dijeron.
La causa se inició el 4 de julio de 2009, impulsada por la fiscal provincial Alejandra Ongaro, cuando desde la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono de Carlos Fernández, por presuntas irregularidades en su local nocturno “Good Night”. La averiguación llevada adelante también vinculó al subcomisario Carlos Alaniz y al intendente Luis Rogers con la actividad ilegal de Fernández.
El caso se inició el 12 de septiembre de 2009, cuando un hombre oriundo de Santiago del Estero, denunció ante la Policía que su novia había sido secuestrada por el dueño del cabaré “Good Night”. Agregó que su pareja había viajado a raíz de una oferta laboral en ese prostíbulo y luego quedó cautiva en el lugar siendo víctima de amenazas.
La víctima logró escapar y en su declaración relató que debió dejarle sus pertenencias al propietario del lugar, ya que le “debía” dinero por gastos de comida y elementos de higiene. Añadió que aún estando enferma no pudo recibir asistencia médica ni medicamentos, y que el dueño del lugar le dijo que “no le importaba, que ella tenía que hacer plata”.
En otra denuncia realizada en octubre de 2009, una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la Comisaría de Lonquimay, relató ante la Justicia provincial las distintas situaciones delictivas que había observado por parte del subcomisario Carlos Alaniz. La testigo agregó que el acusado mantenía una relación muy fluida con el entonces intendente Luis Rogers y con Carlos Fernández, dueño del cabaré. A fines de octubre se realizó un allanamiento en el local nocturno a partir del cual se pudo constatar la presencia de tres mujeres salteñas que dijeron trabajar en el lugar, y un cuaderno donde estaban anotados los “pases” que realizaban.
En 2011, el procurador Esteban Righi dijo que el caso debía ser analizado por la Justicia Federal ante una posible "existencia de una fluida relación entre el propietario del local y algunos funcionarios del lugar a quienes la denuncia adjudica connivencia política y policial".
Rogers había declarado a los medios periodísticos que "un cabaré es un lugar de esparcimiento, un lugar de contención espiritual", lo que generó una fuerte polémica. El intendente también fue denunciado por el INADI y del secretario de Derechos Humanos de la Provincia.
En tanto, el subcomisario Alaníz, fue trasladado a General Acha, la Procuración señaló que no solo convivía con la encargada de la whiskería de Colonia Barón, sino que además mantenía una fluida relación con el propietario de Good Night, Fernández.
iTextual | PlanB
En los tres casos, la jueza dispuso que no quedaran detenidos. Por eso, el fiscal Juan José Baric adelantó que apelará la decisión. Si quedan firmes estos procesamientos, irán a juicio oral y público.
Fernández, quien era dueño del prostíbulo, fue procesado por el delito de participación primaria por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por ser tres o más las personas que cometieron el delito y por ser más de tres las víctimas, en concurso ideal por sostenimiento de una casa de tolerancia.
A su vez, el intendente y el policía fueron procesados también por el delito de trata, agravado por ser más de tres personas las participantes en el delito y más de tres las víctimas, y por ser funcionarios públicos.
Hace unos días, un grupo de fiscales habían pedido a la jueza a que se apurara a resolver la situación procesal de los acusados. En una nota, el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (Protex), Marcelo Colombo; el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro; y el fiscal federal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de La Pampa, Juan José Baric, habían solicitado días atrás la inmediata resolución procesal del subcomisario Carlos Alaniz y del intendente de la localidad de Lonquimay, Luis Rogers, involucrados en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual.
Por pedido de los fiscales Baric y Colombo, los acusados declararon en noviembre del año pasado. Ambos funcionarios están imputados en la causa debido al presunto apoyo que brindaban para el sostenimiento del prostíbulo.
Rogers, recordó la Procuración General en un comunicado de prensa, había defendido públicamente el lugar en el que se estaba cometiendo un delito. No solo se pronunció en contra del cierre del local, sino que también fue el encargado de otorgar la habilitación bajo el rubro "servicios de salones de baile" y de firmar las libretas sanitarias de las mujeres prostituídas, cuyos exámenes incluían estudios ginecológicos y de HIV.
Alanís -quien hace unos años era el subcomisario en Lonquimay y ahora es comisario en Acha- se encontraba en conocimiento de la situación de las mujeres en el prostíbulo y refrendó acusaciones por parte de una víctima que denunció las amenazas que recibió del dueño del local, dijeron los fiscales. "Además, se debe sumar la relación fluida que poseían el intendente, el policía y el propietario del cabaret, reflejada no sólo en los dichos de las testigos, sino documentado a través de las comunicaciones telefónicas acreditadas en el expediente", dijeron.
La causa se inició el 4 de julio de 2009, impulsada por la fiscal provincial Alejandra Ongaro, cuando desde la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono de Carlos Fernández, por presuntas irregularidades en su local nocturno “Good Night”. La averiguación llevada adelante también vinculó al subcomisario Carlos Alaniz y al intendente Luis Rogers con la actividad ilegal de Fernández.
El caso se inició el 12 de septiembre de 2009, cuando un hombre oriundo de Santiago del Estero, denunció ante la Policía que su novia había sido secuestrada por el dueño del cabaré “Good Night”. Agregó que su pareja había viajado a raíz de una oferta laboral en ese prostíbulo y luego quedó cautiva en el lugar siendo víctima de amenazas.
La víctima logró escapar y en su declaración relató que debió dejarle sus pertenencias al propietario del lugar, ya que le “debía” dinero por gastos de comida y elementos de higiene. Añadió que aún estando enferma no pudo recibir asistencia médica ni medicamentos, y que el dueño del lugar le dijo que “no le importaba, que ella tenía que hacer plata”.
En otra denuncia realizada en octubre de 2009, una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la Comisaría de Lonquimay, relató ante la Justicia provincial las distintas situaciones delictivas que había observado por parte del subcomisario Carlos Alaniz. La testigo agregó que el acusado mantenía una relación muy fluida con el entonces intendente Luis Rogers y con Carlos Fernández, dueño del cabaré. A fines de octubre se realizó un allanamiento en el local nocturno a partir del cual se pudo constatar la presencia de tres mujeres salteñas que dijeron trabajar en el lugar, y un cuaderno donde estaban anotados los “pases” que realizaban.
En 2011, el procurador Esteban Righi dijo que el caso debía ser analizado por la Justicia Federal ante una posible "existencia de una fluida relación entre el propietario del local y algunos funcionarios del lugar a quienes la denuncia adjudica connivencia política y policial".
Rogers había declarado a los medios periodísticos que "un cabaré es un lugar de esparcimiento, un lugar de contención espiritual", lo que generó una fuerte polémica. El intendente también fue denunciado por el INADI y del secretario de Derechos Humanos de la Provincia.
En tanto, el subcomisario Alaníz, fue trasladado a General Acha, la Procuración señaló que no solo convivía con la encargada de la whiskería de Colonia Barón, sino que además mantenía una fluida relación con el propietario de Good Night, Fernández.
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