25 de Mayo | Trata de Personas: también indagarán al juez de Faltas, Rodríguez Huergo, y a dos comisarios
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Entre las doce llamadas a indagatorias por un caso de trata en un cabaré de 25 de Mayo, aparecen le juez de Faltas, Armando Rodríguez Huergo (foto) y dos comisarios en actividad, Héctor Daniel Rosane y Miguel Oyarce. El intendente David Bravo, que será el primero en declarar el próximo 9 de setiembre, ya fue condenado en una causa similar. (Foto: El Diario LP)
El Juez de Faltas de 25 de Mayo, Armando Rodríguez Figueira Huergo, y dos comisarios en actividad, Héctor Daniel Rosane y Miguel Angel Oyarce, también fueron citados a indagatoria en el marco de una causa por trata de personas en un cabaré de esa localidad. La jueza Federal, Iara Silvestre, dispuso doce indagatorias, entre ellas, la del intendente David Bravo, que será el primero en desfilar por el juzgado, el próximo 9 de setiembre.
La jueza dispuso el viernes de la semana pasada doce llamados a indagatorias por el caso de trata de personas en el cabaré Venus, de 25 de Mayo. El jefe comunal ya tiene una condena anterior, apelada por sus abogados, por el delito de abuso de autoridad, debido a las irregularidades en la habilitación de otro cabaré.
En principio, Bravo está acusado de incumplimiento a los deberes de funcionario público y partícipe necesario del delito de trata. El juez de Faltas, Rodríguez y Figueira Huergo, también está sindicado como partícipe necesario y los comisarios Rosane y Oyarce aparecen acusado de encubrimiento. A tres funcionarios municipales se les imputa incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos y a los cinco encargados de los dos locales, partícipes. En la causa, ya fue indagada en octubre del año pasado Nurys Carballo Castillo, la dueña del cabaré, que quedó procesada y está detenida en la Unidad 13 de Santa Rosa.
Según confirmaron a El Diario fuentes tribunalicias, el 29 de setiembre serán indagados María Celia Luaces -una contadora, también funcionaria del municipio- y el inspector municipal, Roberto Ramón Barros. El 6 de octubre están citados Mayerlin Nuñez Castillo y Evelin Calderón Caraballo, encargadas del local. El 20 de ese mes, José Luis Carpio Caraballo y Teresa de la Rosa, otros dos encargados. Luego, el 24 de agosto, serán indagados Braian Arnaldo Paradis Caraballo (también gerenciaba el cabaret) y el juez de Faltas, Armando Rodríguez Huergo (ex funcionario de la gestión de Juan Carlos Tierno y primer director de Tránsito de Luis Larrañaga en la intendencia santarroseña). Finalmente, en el último turno, declararán como acusados los comisarios, Héctor Rosané y Miguel Angel Oyarce, que eran jefes de la comisaría de 25 de Mayo.
La jueza Silvestre dio curso la semana pasada al pedido que había realizado hace algunos días el fiscal Juan José Baric. El intendente Bravo aparece como sospechoso de haber permitido el funcionamiento del cabaré Venus, a pesar de que una ordenanza que él mismo había firmado prohíbe este tipo de locales. El caso se inició por una denuncia de una mujer dominicana, en diciembre de 2011.
Bravo ya tiene un antecedente de este tipo. En octubre del año pasado fue condenado por la Justicia por la habilitación del cabaré El Rancho, de Javier Ulrich, una persona que había sido condenada por el delito de trata de personas. Esa sentencia fue apelada y ratificada por el Tribunal de Impugnación Penal.
En esta oportunidad, Bravo está acusado de haber permitido el funcionamiento de un cabaré denominado “Venus”, a pesar de existir una ordenanza -que lleva su propia firma- que prohíbe “la habilitación de cabarés, nightclubs, whiskerías, etc. dentro del territorio de 25 de Mayo”. El fiscal hizo hincapié en que Bravo había firmado en septiembre de 2010 esa ordenanza. En enero de 2011, el intendente extendió la vigencia de la habilitación del cabaré Venus, a sabiendas de que era ilegal.
Lugar dudoso
En su dictamen, el fiscal federal Baric resaltó que el local Venus “era dudoso, tenía denuncias, allanamientos, notas en diarios y todos sabían lo que allí ocurría. Sin embargo, Bravo no solo nada hizo al respecto, sino que le permitió a una persona, sobre quien él sabía que pesaba la sospecha de sostener un lupanar, realizar la apertura de otro “negocio” en el mismo lugar, pero bajo otro rubro, adoptando así una actitud que supera holgadamente la negligencia o la desidia”. En ese sentido, Baric detalló que el intendente decidió no renovarle la habilitación del local “Venus” debido a que funcionaba como un cabaré. Sin embargo, Bravo le permitió a la dueña, la imputada Nurys Caraballo Castillo, abrir en febrero de 2012 otro comercio nocturno en el mismo lugar, denominado “Restó Bar Karjbjan”, bajo otro rubro.
“Caraballo Castillo solicitó la reapertura del cabaré ‘Venus’ e inclusive ‘amenazó’ a la Intendencia con la presentación de un amparo si no le abrían el local por el perjuicio que ello le traería aparejado”, describió Baric en su dictamen, difundido por el sitio fiscales.gob.ar. “Las circunstancias que estaban ocurriendo en el Bar Venus, posteriormente mutado en Bar Karjbjan y edificaciones aledañas, no podían ser del desconocimiento de los funcionarios del lugar, ya sean municipales o policiales, debido al tamaño de la ciudad, escasa cantidad de habitantes y la conocida ubicación del lugar. A ellos se les debe sumar la manifiesta notoriedad alcanzada a través de los medios periodísticos, las denuncias, el allanamiento practicado en el lugar y el juicio celebrado contra otro acusado por el mismo delito”, concluyó el fiscal Baric.
El funcionario judicial agregó que “la participación de Bravo en todo este proceso fue de vital importancia para la subsistencia del lupanar y quedó acreditada tanto por medio de actos administrativos espurios como por omisiones que no pueden ser tomadas como simples desatenciones, sino como colaboraciones imprescindibles para el funcionamiento de aquel burdel”.
El caso
La causa se inició el 13 de diciembre de 2011, a raíz de una denuncia a la Delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones realizada por una joven de origen dominicano, que dijo haberse escapado de un cabaré ubicado en la localidad pampeana de 25 de Mayo.
La mujer relató que había sido maltratada y amenazada por parte de los dueños del prostíbulo, que allí había otras mujeres en la misma situación y que una de ellas se encontraba embarazada. El fiscal aseguró que la Policía del lugar estaba al tanto de esta situación y que “cuando iba el jefe de la Municipalidad, le daban $ 1000 y él firmaba”.
Como consecuencia, el Ministerio Público realizó la denuncia ante el Juzgado Federal, que dio intervención a la Fiscalía Federal de Santa Rosa.
Luego de las primeras investigaciones, se pudo dar con un prostíbulo llamado “Venus”, en el cual estaba inscripta la mujer que había realizado la denuncia. Por ese motivo, el 16 de diciembre de 2011 se allanó el local nocturno. Durante el operativo, se rescataron diez mujeres, nueve de nacionalidad dominicana y una argentina. Además, dentro del mismo predio donde se encontraba el cabaré había habitaciones y varias camas.
Al solicitarle a la encargada la habilitación municipal correspondiente, aportó la licencia comercial que llevaba la firma del intendente, David Edgardo Bravo, bajo el rubro de “cabaré”. Sin embargo, también se pudo constatar con la existencia de una ordenanza municipal, fechada el día 3 de septiembre de 2010 y con la firma del intendente Bravo, en la que no se autoriza “la habilitación de cabarés, whisquerías, clubes nocturnos y nightclubs” en la localidad de 25 de Mayo, debido a que “han encubierto el delito de trata de personas, violando la Ley de Profilaxis, que prohíbe los prostíbulos en todo el país”.
El 2 de febrero de 2012, el Ministerio Público Fiscal solicitó las declaraciones indagatorias del intendente Bravo, de la propietaria del lugar, Nurys Caraballo Castillo, y de la encargada del local, Mayerlin Núñez Castillo.
Por cuestiones de competencia, se demoró el avance de la causa y el 4 de junio de 2012, la Fiscalía Federal de Santa Rosa dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), quienes insistieron con el pedido de indagatorias.
Sin embargo, el juez, sin brindar explicaciones, entendió que faltaban medidas de prueba para determinar si se había configurado el delito de trata de personas. Tampoco se expidió sobre el pedido realizado sobre Bravo por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para intentar avanzar con la causa, el Ministerio Público Fiscal advirtió que el prostíbulo llamado “Venus” había mutado su nombre a “Restó Bar Karjbjan”, permaneciendo a cargo de la imputada Nurys Caraballo Castillo. Además, detallaron que muchas de las mujeres que se encontraban trabajando como mozas en dicho local nocturno eran las mismas que se encontraban el día del allanamiento.
Luego de insistir con las medidas, que habían sido rechazadas, el Juzgado hizo lugar al pedido del representante del Ministerio Público Fiscal quien, a su vez, comprobó que el “Bar Karjbjan” también había sido habilitado por el intendente Bravo.
El juez de Faltas de 25 de Mayo, Armando Rodríguez Huergo, reabrió el local a pesar de todo. La PROTEX le envió un oficio advirtiendo que se trataba de un delito, por lo que el juez volvió a ordenar su clausura.
El Diario LP
El Juez de Faltas de 25 de Mayo, Armando Rodríguez Figueira Huergo, y dos comisarios en actividad, Héctor Daniel Rosane y Miguel Angel Oyarce, también fueron citados a indagatoria en el marco de una causa por trata de personas en un cabaré de esa localidad. La jueza Federal, Iara Silvestre, dispuso doce indagatorias, entre ellas, la del intendente David Bravo, que será el primero en desfilar por el juzgado, el próximo 9 de setiembre.
La jueza dispuso el viernes de la semana pasada doce llamados a indagatorias por el caso de trata de personas en el cabaré Venus, de 25 de Mayo. El jefe comunal ya tiene una condena anterior, apelada por sus abogados, por el delito de abuso de autoridad, debido a las irregularidades en la habilitación de otro cabaré.
En principio, Bravo está acusado de incumplimiento a los deberes de funcionario público y partícipe necesario del delito de trata. El juez de Faltas, Rodríguez y Figueira Huergo, también está sindicado como partícipe necesario y los comisarios Rosane y Oyarce aparecen acusado de encubrimiento. A tres funcionarios municipales se les imputa incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos y a los cinco encargados de los dos locales, partícipes. En la causa, ya fue indagada en octubre del año pasado Nurys Carballo Castillo, la dueña del cabaré, que quedó procesada y está detenida en la Unidad 13 de Santa Rosa.
Según confirmaron a El Diario fuentes tribunalicias, el 29 de setiembre serán indagados María Celia Luaces -una contadora, también funcionaria del municipio- y el inspector municipal, Roberto Ramón Barros. El 6 de octubre están citados Mayerlin Nuñez Castillo y Evelin Calderón Caraballo, encargadas del local. El 20 de ese mes, José Luis Carpio Caraballo y Teresa de la Rosa, otros dos encargados. Luego, el 24 de agosto, serán indagados Braian Arnaldo Paradis Caraballo (también gerenciaba el cabaret) y el juez de Faltas, Armando Rodríguez Huergo (ex funcionario de la gestión de Juan Carlos Tierno y primer director de Tránsito de Luis Larrañaga en la intendencia santarroseña). Finalmente, en el último turno, declararán como acusados los comisarios, Héctor Rosané y Miguel Angel Oyarce, que eran jefes de la comisaría de 25 de Mayo.
La jueza Silvestre dio curso la semana pasada al pedido que había realizado hace algunos días el fiscal Juan José Baric. El intendente Bravo aparece como sospechoso de haber permitido el funcionamiento del cabaré Venus, a pesar de que una ordenanza que él mismo había firmado prohíbe este tipo de locales. El caso se inició por una denuncia de una mujer dominicana, en diciembre de 2011.
Bravo ya tiene un antecedente de este tipo. En octubre del año pasado fue condenado por la Justicia por la habilitación del cabaré El Rancho, de Javier Ulrich, una persona que había sido condenada por el delito de trata de personas. Esa sentencia fue apelada y ratificada por el Tribunal de Impugnación Penal.
En esta oportunidad, Bravo está acusado de haber permitido el funcionamiento de un cabaré denominado “Venus”, a pesar de existir una ordenanza -que lleva su propia firma- que prohíbe “la habilitación de cabarés, nightclubs, whiskerías, etc. dentro del territorio de 25 de Mayo”. El fiscal hizo hincapié en que Bravo había firmado en septiembre de 2010 esa ordenanza. En enero de 2011, el intendente extendió la vigencia de la habilitación del cabaré Venus, a sabiendas de que era ilegal.
Lugar dudoso
En su dictamen, el fiscal federal Baric resaltó que el local Venus “era dudoso, tenía denuncias, allanamientos, notas en diarios y todos sabían lo que allí ocurría. Sin embargo, Bravo no solo nada hizo al respecto, sino que le permitió a una persona, sobre quien él sabía que pesaba la sospecha de sostener un lupanar, realizar la apertura de otro “negocio” en el mismo lugar, pero bajo otro rubro, adoptando así una actitud que supera holgadamente la negligencia o la desidia”. En ese sentido, Baric detalló que el intendente decidió no renovarle la habilitación del local “Venus” debido a que funcionaba como un cabaré. Sin embargo, Bravo le permitió a la dueña, la imputada Nurys Caraballo Castillo, abrir en febrero de 2012 otro comercio nocturno en el mismo lugar, denominado “Restó Bar Karjbjan”, bajo otro rubro.
“Caraballo Castillo solicitó la reapertura del cabaré ‘Venus’ e inclusive ‘amenazó’ a la Intendencia con la presentación de un amparo si no le abrían el local por el perjuicio que ello le traería aparejado”, describió Baric en su dictamen, difundido por el sitio fiscales.gob.ar. “Las circunstancias que estaban ocurriendo en el Bar Venus, posteriormente mutado en Bar Karjbjan y edificaciones aledañas, no podían ser del desconocimiento de los funcionarios del lugar, ya sean municipales o policiales, debido al tamaño de la ciudad, escasa cantidad de habitantes y la conocida ubicación del lugar. A ellos se les debe sumar la manifiesta notoriedad alcanzada a través de los medios periodísticos, las denuncias, el allanamiento practicado en el lugar y el juicio celebrado contra otro acusado por el mismo delito”, concluyó el fiscal Baric.
El funcionario judicial agregó que “la participación de Bravo en todo este proceso fue de vital importancia para la subsistencia del lupanar y quedó acreditada tanto por medio de actos administrativos espurios como por omisiones que no pueden ser tomadas como simples desatenciones, sino como colaboraciones imprescindibles para el funcionamiento de aquel burdel”.
El caso
La causa se inició el 13 de diciembre de 2011, a raíz de una denuncia a la Delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones realizada por una joven de origen dominicano, que dijo haberse escapado de un cabaré ubicado en la localidad pampeana de 25 de Mayo.
La mujer relató que había sido maltratada y amenazada por parte de los dueños del prostíbulo, que allí había otras mujeres en la misma situación y que una de ellas se encontraba embarazada. El fiscal aseguró que la Policía del lugar estaba al tanto de esta situación y que “cuando iba el jefe de la Municipalidad, le daban $ 1000 y él firmaba”.
Como consecuencia, el Ministerio Público realizó la denuncia ante el Juzgado Federal, que dio intervención a la Fiscalía Federal de Santa Rosa.
Luego de las primeras investigaciones, se pudo dar con un prostíbulo llamado “Venus”, en el cual estaba inscripta la mujer que había realizado la denuncia. Por ese motivo, el 16 de diciembre de 2011 se allanó el local nocturno. Durante el operativo, se rescataron diez mujeres, nueve de nacionalidad dominicana y una argentina. Además, dentro del mismo predio donde se encontraba el cabaré había habitaciones y varias camas.
Al solicitarle a la encargada la habilitación municipal correspondiente, aportó la licencia comercial que llevaba la firma del intendente, David Edgardo Bravo, bajo el rubro de “cabaré”. Sin embargo, también se pudo constatar con la existencia de una ordenanza municipal, fechada el día 3 de septiembre de 2010 y con la firma del intendente Bravo, en la que no se autoriza “la habilitación de cabarés, whisquerías, clubes nocturnos y nightclubs” en la localidad de 25 de Mayo, debido a que “han encubierto el delito de trata de personas, violando la Ley de Profilaxis, que prohíbe los prostíbulos en todo el país”.
El 2 de febrero de 2012, el Ministerio Público Fiscal solicitó las declaraciones indagatorias del intendente Bravo, de la propietaria del lugar, Nurys Caraballo Castillo, y de la encargada del local, Mayerlin Núñez Castillo.
Por cuestiones de competencia, se demoró el avance de la causa y el 4 de junio de 2012, la Fiscalía Federal de Santa Rosa dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), quienes insistieron con el pedido de indagatorias.
Sin embargo, el juez, sin brindar explicaciones, entendió que faltaban medidas de prueba para determinar si se había configurado el delito de trata de personas. Tampoco se expidió sobre el pedido realizado sobre Bravo por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para intentar avanzar con la causa, el Ministerio Público Fiscal advirtió que el prostíbulo llamado “Venus” había mutado su nombre a “Restó Bar Karjbjan”, permaneciendo a cargo de la imputada Nurys Caraballo Castillo. Además, detallaron que muchas de las mujeres que se encontraban trabajando como mozas en dicho local nocturno eran las mismas que se encontraban el día del allanamiento.
Luego de insistir con las medidas, que habían sido rechazadas, el Juzgado hizo lugar al pedido del representante del Ministerio Público Fiscal quien, a su vez, comprobó que el “Bar Karjbjan” también había sido habilitado por el intendente Bravo.
El juez de Faltas de 25 de Mayo, Armando Rodríguez Huergo, reabrió el local a pesar de todo. La PROTEX le envió un oficio advirtiendo que se trataba de un delito, por lo que el juez volvió a ordenar su clausura.
El Diario LP
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