El juez Charlín apela el procesamiento

El magistrado -que fue designado como juez federal en General Pico, con el voto de todos los senadores pampeanos- no quiso hacer declaraciones. Fue procesado por múltiples delitos. El Consejo de la Magistratura fue notificado de la resolución, para que determine los pasos a seguir. (Foto Archivo)

El designado juez en General Pico, José Antonio Charlín, decidió apelar el procesamiento por múltiples delitos que resolvió el juez ad hoc Ignacio Rodríguez Berdier.

El magistrado prefirió no hacer declaraciones después de conocida la decisión, pero adelantó que por vía de su abogada, la defensora oficial Laura Armagno, presentará un recurso para que intervenga y defina la Cámara Federal de Bahía Blanca.

La apelación de Charlín hará base en el descargo que el propio juez presentó cuando fue indagado por Rodríguez Berdier.

El designado juez federal de General Pico fue procesado por varios delitos -todos cometidos mientras ejerció como juez federal subrogante en Santa Rosa- lo cual pone en duda su ejercicio del cargo, que todavía no ocupa ya que el organismo aun no se puso en funcionamiento.

La dura resolución describe las irregularidades cometidas por Charlín, que incluyen -entre otras- el abuso sexual simple y la malversación de caudales públicos, además del abuso de autoridad y otros delitos.

La resolución dispuso un embargo por 80.000 pesos y remitir copia de lo actuado al Consejo de la Magistratura y a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia.

El Consejo de la Magistratura tendría que intervenir para determinar qué hace con su designación en General Pico, aprobada por el Senado (con el voto de todos los legisladores que representan a La Pampa, tanto oficialistas como opositores).

El procesamiento, sin prisión preventiva, establece que cometió los siguientes delitos mientras fue juez federal subrogante de Santa Rosa: abuso de autoridad, en concurso ideal con malversación de caudales públicos; en concurso real con abuso sexual simple en situación de violencia de género; en concurso real con daño en dos oportunidades que concurren entre sí; en concurso real con amenazas coactivas agravadas por tener como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del trabajo en nueve oportunidades; en concurso material con amenazas coactivas agravadas por el mismo propósito que el caso anterior; en concurso real con amenazas simples en situación de violencia de género; en concurso real con amenazas reiteradas; en concurso real con amenazas con armas en dos oportunidades (una trincheta y una pistola); en concurso real con amenazas coactivas en situación de violencia de género; en concurso real con amenazas coactivas.

Charlín negó en la indagatoria todos los delitos que se le imputaron. Pero su palabra no convenció al juez actuante. Rodríguez Berdier -secretario del Tribunal Oral Federal- actuó en la causa debido a que la jueza federal subrogante (Iara Silvestre) figura entre los denunciantes y víctimas.

Cuando tuvo que buscarle una explicación a semejante cantidad de denuncias, con coincidencias en los testimonios, Charlín consideró que es un asunto “multifactorial, yo hablo mucho sobre la tipología de liderazgo, dado que yo venía con una metodología del trabajo, siendo muy autoexigente, y que no tomé en cuenta las costumbres del lugar”.

El procesado fue protagonista el año pasado de un escandalete en el ámbito de la Justicia Federal en la provincia. El pasado 9 de diciembre, el fiscal subrogante Jorge Bonvehí solicitó su indagatoria.

El juez federal de Pico había sido denunciado por empleados y funcionarios judiciales del Juzgado Federal de Santa Rosa cuando subrogó el cargo a partir de la enfermedad del juez Pedro Zabala, quien luego falleció. Fue apartado luego de que los empleados lo denunciaran por maltratos, amenazas con arma de fuego y acoso.

Un paro de la mayoría de los empleados del Juzgado desembocó en su suspensión. Asumió entonces Silvestre, secretaria del Juzgado y una de las denunciantes. Finalmente, el juez de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez resolvió aceptar el pedido del fiscal y decidió que se cumpla la indagatoria.

La denuncia contra Charlín la presentaron una funcionaria y seis empleados del Juzgado santarroseño ante el fiscal Juan José Baric. Éste pidió el apartamiento del acusado y la Cámara Federal de Bahía Blanca hizo lugar al pedido.

En la denuncia, entre otros hechos, los empleados relataron un incidente en el que, totalmente desequilibrado, Charlín le pidió el arma a un custodio, tomó posición de tiro y pidió que ingrese al despacho una de las empleadas: “Decile que venga, que le doy entre las cejas”.

Además, denunciaron que filtró información de allanamientos y asesoró a los imputados en el caso de trata de personas de Lonquimay. También hubo una acusación por malos tratos hacia el personal.

Silvestre (actualmente jueza subrogante) denunció que en varias oportunidades se sintió acosada por los comentarios que Charlín hacía sobre su físico, a tal punto que solicitó al personal que se desempeña junto a ella que no la dejara sola con el juez.

El Diario LP