Santa Rosa | También pidieron que se analice la posibilidad de alojar a procesados en la Unidad 4

colonia-penal-u4El Gobierno Provincial sigue exigiendo que el Ministerio de Justicia permita más lugar para condenados por la Justicia pampeana en la Unidad 4. Además, el crecimiento de las prisiones preventivas pone en aprietos a la infraestructura de las comisarías y alcaidías locales.

El Gobierno Provincial también le pidió al Servicio Penitenciario Federal que, además de alojar a presos condenados por la Justicia provincial, analice la chance de hacerle lugar en la Unidad 4 a procesados con prisión preventiva efectiva.

Así se lo hizo saber el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Leonardo Villalva, a los jueces de Ejecución Penal Jorge Mauricio Pascual y Martín Saravia, dos magistrados que habían advertido respecto de la necesidad de aliviar las comisarías y alcaidías locales, en un plazo de 70 días, enviando a esas personas a una cárcel federal.

Villalva les informó a los jueces que además de pedir por la reubicación de los condenados que hoy están alojados en las superpobladas alcaidías y comisarías, también se solicitó al Servicio Penitenciario Federal “analizar la posibilidad de los ingresos de aquellos internos con prisión preventiva que, conforme al artículo 11 de la Ley 24.660, resulta aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resultan más favorables y útiles para resguardar su personalidad”.

Remarca entonces que esa normativa impone la incorporación de procesados “al régimen penitenciario a los fines de lograr sin violación al principio de inocencia las finalidades de la Ley (adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad), siendo en este caso necesario aceitar los mecanismos ágiles y necesarios a los fines del cumplimiento de la normativa, teniendo en cuenta la condición de estos internos, de tiempo esencialmente temporal a la resolución definitiva de la Justicia”, señala textualmente la nota enviada por el ministro a los jueces.

Alejandro Osio, defensor de Ejecución, reveló que en los últimos seis meses las prisiones preventivas efectivas aumentaron 34%. El crecimiento se dio en forma paralela a la acentuación del discurso oficial de mano dura y el reclamo concreto del Ejecutivo Provincial para que los detenidos por distintos delitos “no entren por una puerta y salgan por otra”.

Hace dos años, el sistema carcelario provincial tenía vacantes entre el 40 y el 60 por ciento de los lugares de alojamiento de detenidos. Esos números se dieron vuelta radicalmente: ahora las vacantes reales se superan en un 30 o 40 por ciento, explicó Osio.

Tal como informó ayer El Diario, el gobernador Oscar Mario Jorge le tuvo que exigir al ministro de Justicia de la Nación, mediante una nota formal, que el Servicio Penitenciario Federal les haga lugar a detenidos condenados de nuestra provincia, ya que las cárceles y alcaidías locales están colmadas y superpobladas.

La situación es consecuencia de las advertencias formuladas por el Poder Judicial y, a la vez, un reclamo de que se tengan en cuenta los convenios firmados entre las partes y la inversión con la que colaboró el Gobierno Provincial para mejorar las instalaciones de la Unidad 4.

El Ejecutivo pampeano dejó saber su “marcada preocupación” y advirtió que la situación “se está tornando insostenible”. Lo que más inquieta a las autoridades es la proximidad de las fiestas de fin de año, época en que suelen recrudecer los conflictos.

Actuaron como disparadores del nuevo escenario dos fallos judiciales, del 27 de agosto y del 10 de septiembre, en los que los jueces Saravia y Pascual ordenaron el ingreso al SPF, dentro de 70 días, a los internos que se encuentran a disposición.

Cuando el Gobierno les informó a los magistrados sus gestiones para lograr cumplir con esa obligación, Villalva justificó la superpoblación de comisarías y alcaidías: “El accionar e impronta de la Policía provincial, en su actuar eficiente y proactivo, ha colmado las instalaciones policiales destinadas a demorados, al subirse la detención in fraganti del delito”.

El ministro Villalva le pidió al director nacional del SPF, Emiliano Blanco, gestiones para que se reciban en la Colonia Penal “a los internos condenados correspondientes a esta provincia”. Señaló que, con datos relevados al 17 de septiembre, la totalidad de los condenados a recibir por la institución era de 87 internos.

En ese mismo informe, Villalva admite la superpoblación de las comisarías y alcaidías locales, ya que indica que el recuento de detenidos llega a las 226 personas, cuando las capacidades de recepción en las alcaidías son muy inferiores: 64 en Santa Rosa, 26 en General Acha y 33 en General Pico. Las plazas -reconoció el ministro- estaban ya “totalmente colmadas, superando el límite de capacidad que poseen”.

Además, recordó que las dependencias locales “no están acondicionadas a los fines de tratamiento penitenciario, no contando ellas con salas de visitas, baños para las mismas, salas de lectura, sectores de capacitación o trabajo, como así lugares para visitas conyugales”.

El Diario LP

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