Denuncian que se recortaron "a lo bestia" 70 mil pensiones
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2017/06/denuncian-que-se-recortaron-lo-bestia.html
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| Foto Ilustrativa WEB |
Lo dijo a Cadena 3 Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social nacional entre 2003 y 2007. "Tomaron un Excell, cruzaron un par de datos y dejaron a un montón de gente afuera", fustigó.
El ex viceministro de Desarrollo Social en la presidencia de Néstor Kirchner, Daniel Arroyo, cuestionó con dureza este martes las reducciones de pensiones por invalidez dispuestas por el Gobierno nacional.
En diálogo con Cadena 3, Arroyo opinó que la administración de Mauricio Macri tomó una "muy mala decisión", porque buscó un decreto de los años '90 "muy restrictivo", que establecía que una persona debía tener por lo menos "el 76 por ciento de discapacidad" y no poseer un trabajo formal.
"En función de eso, a lo bestia recortaron cerca de 70 mil pensiones. Está claro que han crecido en el Gobierno anterior y que hay situaciones que no correspondían. Pero tomaron un Excell (planilla de cálculos), cruzaron un par de datos y dejaron a un montón de gente afuera", afirmó.
"Una persona con discapacidad tiene un gasto muy grande en medicamentos y terapias. Con la intención de recortar gastos, han tomado una pésima política", añadió.
En ese marco, el ex funcionario subrayó que el Gobierno "no fue casa por casa" y no hizo una evaluación socioambiental "caso por caso".
El presidente de la CNPA, Guillermo Badino, señaló que “en el año 2003 había 180 mil pensiones otorgadas bajo estas condiciones y, entre 2003 y 2015, esa cifra se multiplicó por diez: se llevó a 1.800.000, en las que básicamente hubo un otorgamiento en locales partidarios".
"Hay municipios con el 38 por ciento del padrón electoral pensionado inválido y médicos en todos los municipios o en provincias vendiendo los certificados y mintiendo sobre el porcentaje de discapacidad requerido”, agregó Badino.
“Lo que hacemos es seguir cumpliendo con lo que dice el decreto reglamentario. No es nada extraordinario ni nuevo”, recalcó.
Sobre los puntos antes mencionados, el ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación entre 2003 y 2007, Daniel Arroyo, expresó: "Los dos millones son el conjunto de pensiones, contando discapacidad, vejez y madres con más de siete hijos. Antes de 2003, había 180 mil nada más: creció muchísimo. Pero esa cifra se debía a que el presupuesto era bajo y se acumulaban los pedidos y expedientes y no se trataban nunca. Había que esperar que una persona falleciera para entrar".
"En Argentina, hay entre 5 y 6 millones de personas con discapacidad. En los últimos años del kirchnerismo ha habido desvíos y situaciones de corrupción, pero es un número ínfimo. La mayoría las necesita (a las pensiones) y el Gobierno las está cortando sin ningún tipo de sensibilidad", continuó.
Además, reconoció que, desde 2011 en adelante, "se flexibilizaron los controles" y se registraron casos de médicos que otorgaban "muchísimas pensiones".
Con respecto a los municipios con altas tasas de personas que reciben estas ayudas por invalidez, el ex funcionario señaló: "Está claro que es así. Pero es muy fácil hacer una evaluación: se toma la media de individuos con certificados de discapacidad y pensiones, y donde está por arriba, hay que evaluar".
En diálogo con Cadena 3, Arroyo opinó que la administración de Mauricio Macri tomó una "muy mala decisión", porque buscó un decreto de los años '90 "muy restrictivo", que establecía que una persona debía tener por lo menos "el 76 por ciento de discapacidad" y no poseer un trabajo formal.
"En función de eso, a lo bestia recortaron cerca de 70 mil pensiones. Está claro que han crecido en el Gobierno anterior y que hay situaciones que no correspondían. Pero tomaron un Excell (planilla de cálculos), cruzaron un par de datos y dejaron a un montón de gente afuera", afirmó.
"Una persona con discapacidad tiene un gasto muy grande en medicamentos y terapias. Con la intención de recortar gastos, han tomado una pésima política", añadió.
En ese marco, el ex funcionario subrayó que el Gobierno "no fue casa por casa" y no hizo una evaluación socioambiental "caso por caso".
El Gobierno argumenta que hay irregularidades
La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación difundió el lunes un comunicado, en el que aclara que las bajas efectuadas no obedecen a cuestiones económicas, sino a "incompatibilidades e irregularidades" detectadas en las revisiones periódicas.El presidente de la CNPA, Guillermo Badino, señaló que “en el año 2003 había 180 mil pensiones otorgadas bajo estas condiciones y, entre 2003 y 2015, esa cifra se multiplicó por diez: se llevó a 1.800.000, en las que básicamente hubo un otorgamiento en locales partidarios".
"Hay municipios con el 38 por ciento del padrón electoral pensionado inválido y médicos en todos los municipios o en provincias vendiendo los certificados y mintiendo sobre el porcentaje de discapacidad requerido”, agregó Badino.
“Lo que hacemos es seguir cumpliendo con lo que dice el decreto reglamentario. No es nada extraordinario ni nuevo”, recalcó.
Sobre los puntos antes mencionados, el ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación entre 2003 y 2007, Daniel Arroyo, expresó: "Los dos millones son el conjunto de pensiones, contando discapacidad, vejez y madres con más de siete hijos. Antes de 2003, había 180 mil nada más: creció muchísimo. Pero esa cifra se debía a que el presupuesto era bajo y se acumulaban los pedidos y expedientes y no se trataban nunca. Había que esperar que una persona falleciera para entrar".
"En Argentina, hay entre 5 y 6 millones de personas con discapacidad. En los últimos años del kirchnerismo ha habido desvíos y situaciones de corrupción, pero es un número ínfimo. La mayoría las necesita (a las pensiones) y el Gobierno las está cortando sin ningún tipo de sensibilidad", continuó.
Además, reconoció que, desde 2011 en adelante, "se flexibilizaron los controles" y se registraron casos de médicos que otorgaban "muchísimas pensiones".
Con respecto a los municipios con altas tasas de personas que reciben estas ayudas por invalidez, el ex funcionario señaló: "Está claro que es así. Pero es muy fácil hacer una evaluación: se toma la media de individuos con certificados de discapacidad y pensiones, y donde está por arriba, hay que evaluar".
Sin quórum en la comisión de Discapacidad
La comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside Alberto Ciampini, no pudo sesionar este martes por falta de quórum, debido a que sólo concurrieron los diputados del FPV-PJ y la vicepresidenta primera de la comisión, la socialista Graciela Troiano.
La intención de la convocatoria era tratar la quita de pensiones a discapacitados dispuesta por el Gobierno nacional, que, de acuerdo a lo expresado por Ciampini, “alcanza a 170 mil personas en el último año”.
La diputada Lucila Masín se quejó de que el Gobierno nacional “lanzó un plan de discapacidad y, al poco tiempo, les quitaron las pensiones” y de “las fuerzas políticas que con su ausencia muestran su falta de compromiso con las políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad”.
Por su parte, Josefina González expresó: "Estoy preocupada porque, desde que comenzó esta gestión, hemos venido retrocediendo terriblemente en los derechos”. En este contexto, pidió que en la próxima convocatoria “haya una mejor respuesta del resto de los bloques”, mientras que el diputado Juan Manuel Huss sostuvo que se trata de “una muestra de insensibilidad” y “una salvajada” hacia un sector vulnerable de la sociedad.
Antes de concluir la reunión, la Multisectorial por la Discapacidad entregó un petitorio en el que pide que el Gobierno nacional dé marcha atrás con la medida.
La intención de la convocatoria era tratar la quita de pensiones a discapacitados dispuesta por el Gobierno nacional, que, de acuerdo a lo expresado por Ciampini, “alcanza a 170 mil personas en el último año”.
La diputada Lucila Masín se quejó de que el Gobierno nacional “lanzó un plan de discapacidad y, al poco tiempo, les quitaron las pensiones” y de “las fuerzas políticas que con su ausencia muestran su falta de compromiso con las políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad”.
Por su parte, Josefina González expresó: "Estoy preocupada porque, desde que comenzó esta gestión, hemos venido retrocediendo terriblemente en los derechos”. En este contexto, pidió que en la próxima convocatoria “haya una mejor respuesta del resto de los bloques”, mientras que el diputado Juan Manuel Huss sostuvo que se trata de “una muestra de insensibilidad” y “una salvajada” hacia un sector vulnerable de la sociedad.
Antes de concluir la reunión, la Multisectorial por la Discapacidad entregó un petitorio en el que pide que el Gobierno nacional dé marcha atrás con la medida.
Cadena3
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