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Foto Arch.: PlanB
El Consejo Directivo de la FCEyJ difundió una resolución sobre el caso del docente de la UNLPam detenido por la Policía Federal, Aníbal Prina 


En dicho escrito consideran: 
  • Que el Consejo Directivo es la máxima autoridad de la Facultad y foro de representación legítima de los integrantes de todos los claustros que conforman la Comunidad Universitaria docentes, graduados, estudiantes y no docentes;
  • Que es preciso expedirse respecto de los hechos de público conocimiento relativos a la detención del docente y consejero directivo de la Facultad de Agronomía de la UNLPam, Dr. Aníbal PRINA, en razón de la visita del Presidente de la Nación Ing. Mauricio MACRI;
Y por ello resuelven:

Artículo 1°.- Emitir la Declaración de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas que, como Anexo I, forma parte de la presente Resolución.-

Artículo 2°.- Encomendar al Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa que solicite a la Facultad de Agronomía de la UNLPam que informe los hechos acreditados en el día de la detención del Dr. Aníbal Prina, que hacen al procedimiento policial llevado adelante.- Asimismo que tengan a bien informar el inicio de actuaciones administrativas en contra del docente en el supuesto de llevarse adelante.-
En el ANEXO I, referenciado en el Art.1 se preguntan: 

¿Qué Universidad queremos?

Los integrantes de la Comunidad Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, ante los hechos que son de público conocimiento y que involucran a un docente y consejero directivo, manifestamos que es necesario realizar una profunda reflexión al respecto.

Estamos convencidos que el debate y el disenso de ideas son una condición necesaria del espíritu y sentido de la Universidad pública, autónoma y cogobernada. Ello, al mismo tiempo, nos obliga a mantener un compromiso indeclinable con la realidad social y política que atraviesa a la sociedad que nos sostiene.

Lograremos conservar el reconocimiento y la legitimación social que heredamos, en la medida que la defensa de las diversas posiciones ideológicas que nos contienen y definen, sin resignar firmeza, se expresen con la altura, la profundidad y el fundamento propios que la sociedad espera de nosotros como miembros de la comunidad académica, y en especial, de un docente universitario.

Nos corresponde expedirnos en favor de la tolerancia de la vida democrática, del respeto a la investidura presidencial y de la canalización de los reclamos a través de las instituciones creadas en el Estado Constitucional de Derecho. Paralelamente entendemos que a todo ciudadano se le debe garantizar el debido proceso penal y el trato igualitario ante iguales circunstancias.

De la misma manera, de cara a la sociedad, es nuestro deber señalar que las acusaciones ventiladas se verifican académicamente reprochables, independientemente de la acreditación o no de su autoría. Las acciones que por los medios de comunicación se atribuyen al docente y consejero Prina no se compadecen en modo alguno con los principios de la democracia y por ende con el proyecto de Universidad por el que trabajamos a diario. Y por ello, a través de las instancias académicas e institucionales que correspondan se deberá actuar en consecuencia.

Si se confirmara que las fuerzas nacionales de seguridad ingresaron a las dependencias de la Facultad de Agronomía sin la orden judicial correspondiente, o sin la autorización de las autoridades de esa Casa, ello configuraría una violación del artículo 31 de Ley Nacional Nº 24521, y como tal debe ser objeto de una urgente investigación y eventual atribución de responsabilidad y sanción. Asimismo, corresponde subrayar que la detención y posterior privación de libertad del Dr. Prina –como de cualquier ciudadano en estas circunstancias- por un período de cinco días, sin que se acredite ningún riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento de la causa, resulta arbitraria y excesiva a la luz de los hechos que se investigan.
 
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