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Foto: Infopico
Esto lo confirmó en la mañana de hoy la responsable del organismo Marisa Casimiro en Cámara de Diputados.


Para avanzar en el tratamiento del proyecto de ley que pretende establecer un límite al costo financiero total que apliquen las entidades financieras atípicas, casas de préstamos o prestamistas, o entidades afines; para combatir la usura financiera en toda su dimensión; los legisladores de la comisión de legislación general, presididos por el diputado Espartaco Marín, recibieron hoy al presidente del directorio del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, y a la responsable de la dirección de comercio interior y exterior de la provincia de La Pampa, como responsable de la oficina de defensa al consumidor, Marisa Casimiro; quienes expresaron su beneplácito con la iniciativa.

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La titular de la oficina de defensa al consumidor dijo que "son muy pocas las denuncias contra las compañías financieras, aunque, de todos modos representan la mitad de las 443 iniciadas en 2018 y las 150 de este 2019 (justificó que la cantidad de denuncias haya caído en que ahora son los propios usuarios los que pueden avanzar judicialmente en forma directa porque desde la Oficina les proveen un formulario tipo de Carta Documento para iniciar su reclamo) que incluyen también denuncias contra tarjetas de crédito o de consumo, planes de ahorro, casas de electrodomésticos, telefonía móvil, bancos y viviendas prefabricadas".

Casimiro dijo que las denuncias en este rubro son por "contratos abusivos donde se les hace firmar un pagaré que no solo refleja el monto más los intereses a pagar sino que al momento de ejecutar la deuda hay ítems que los obligan a pagar el doble de lo que deben o hasta el 300%". También dijo que se las denuncia a las financieras "por trato indigno a sus clientes, como cuando viven molestando a los familiares o jefes de los clientes por supuestas mora en el pago, o cuando una vez que se les efectúa el pago, en lugar de ejecutar la cancelación inmediata –como plantea la ley de defensa al consumidor- se toman hasta 60 días para hacerlo".

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Reveló que como las financieras son de fuera de la jurisdicción, muchas veces se hace difícil establecer cuál es su domicilio, pero una vez que "se efectúa la denuncia, se convoca a las partes a conciliar y si la financiera apelara, ya va todo a fiscalía para que allí se resuelva".

Dijo que al año 2017, "han habido 15 sanciones por un monto total de $385 mil", algo que más adelante en la charla resulta insignificante al lado de sentencias ejecutadas en otras provincias donde se les ha aplicado sanciones mucho más contundentes, "de hasta $ 9 millones o se ha llegado a clausurarlas por su reincidencia".

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Casimiro celebró que desde hace poco tiempo haya podido incorporar una segunda abogada en la oficina, pero lamentó "la falta de presupuesto y personal para poder atender lo que les demandan las muchas leyes que nos tienen como órgano de ejecución".

Los diputados consideraron que por lo expuesto por la responsable de la oficina de defensa del consumidor advierten que no se está actuando con el rigor necesario, no se actúa de oficio, ni hay publicidad de concientización a la población de sus derechos. Lo atribuyeron a la falta de presupuesto, al punto que le diputado Luis Solana graficó con que "se está atacando con una aspirina a una gangrena". 

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Iviglia

Por su parte el presidente del directorio del Banco de La Pampa, dijo que si bien estaba preocupado por el segmento de la población que se veía afectado por las compañías financieras que operan en la provincia, que son legales aunque no tengan una adecuada regulación, "más preocupado estoy por el segmento que se ve obligado a acudir a un escalón más abajo, el de los financistas más informales que operan con tasas aún más altas" y extendió su preocupación también a "las casas de electrodomésticos y otras por el estilo que aún en épocas de relativa calma, no como ahora donde todo está más exacerbado, establecen tasas muy importantes".


Ante esa intervención el diputado Solana le consultó si el Banco de La Pampa, está en condiciones de atender, vía fideicomiso, a los sectores informales que no pueden, por diferentes motivos hoy por hoy acudir a un crédito bancario (por ejemplo un albañil cuentapropista que necesita de $ 5 mil para reparar su máquina mezcladora), a lo que Iviglia le respondió con total seguridad que "sí" y dijo que "lo que estamos estudiando es facilitarle una respuesta también al sector que aún estando banacarizado hoy consideramos que está subatendido porque no puede acceder al crédito que necesita".

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Gremios

La reunión continuó con la visita de los gremios UTELPA y UPCN, representados por Lilia López y Carlos Fernández Articó y Cecila Ruth, respectivamente. 

La secretaria general de los docentes celebró que "ante el ajuste total que las políticas nacionales ejercen sobre los trabajadores, se esté pensando en un proyecto de ley que los preserve ante los abusos de las casas de préstamo a las que se ven obligados a acudir" y destacó el párrafo de la iniciativa que propone al Banco de La Pampa como la entidad que habilite créditos a los trabajadores informales.

Por su parte, el abogado de la entidad, se preguntó por qué las compañías financieras no están controladas por el Banco Central" y que, aunque a su parecer debería ser la ley nacional de entidades financieras la que regule su accionar, reclamó que "alguien las controle, como en este caso se propone que sea el Estado provincial".

Revelaron que las entidades gremiales prestan algún tipo de asistencia económica puntuales a sus afiliados (por ejemplo para al atención odontológica extraordinaria) pero no son entidades crediticias y "es el Estado el que debe estar presente en su resolución", dijo la representante de UPCN.

El diputado de extracción gremial, Jorge Lezcano, cerró el encuentro diciendo que "la única garantía es la mayor presencia del Estado". 

Infopico

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