#SantaRosa | Un empleado municipal pidió 3 mil pesos y liberó un auto que estaba secuestrado

Foto Ilust.:Archivo
Un empleado de la Municipalidad de Santa Rosa fue formalizado hoy en orden a los delitos de falsa denuncia en concurso real con fraude a la administración pública, en concurso ideal con peculado.



La formalización estuvo a cargo del juez de control, Néstor Daniel Ralli, a partir de un pedido del fiscal general de Santa Rosa, Máximo Paulucci, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos y Contra la Administración Pública de la Primera Circunscripción Judicial.

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Él estuvo acompañado por la fiscal adjunta María Micaela Succurro. A su vez, al imputado lo acompañó el defensor particular Juan Carlos Resia.

El hombre de 47 años, que se desempeña en la playa municipal ubicada en el parque industrial, quedó imputado por esos tres delitos por el siguiente hecho: se le atribuye haber entregado a su dueño, el 12 de agosto pasado, un Renault 9 que se encontraba retenido por el Juzgado Municipal de Faltas a cambio de 3.000 pesos, sin que estuviera ordenada la restitución del vehículo. Además ese dinero no ingresó a las arcas comunales.

También que ese mismo día, el hombre haya denunciado falsamente, en la Seccional Sexta, que mientras cumplía sus funciones laborales en la playa municipal, constató el faltante del Renault 9, sospechando que su propietario se lo hubiera llevado porque tenía las llaves.

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"Lo hizo con pleno conocimiento de que lo denunciado no era cierto, ya que él mismo le había permitido al propietario retirar el vehículo, luego de cobrarle 3.000", indicó la fiscalía.

Paulucci dijo que, entre otras pruebas, lo comprometen un video donde se ve al empleado entregándole el auto a su dueño, la declaración de este afirmando que abonó dicha suma y una fotocopia de autorización de entrega en blanco, donde consta un número diferente al del acta de la infracción cometida por el Renault 9.

Ralli, además, a requerimiento de la fiscalía, ordenó la apertura del celular que se le secuestrara al empleado público en su lugar de trabajo y dispuso su prisión preventiva, aunque sustituida por una prohibición absoluta de comunicación y contacto, a menos de 200 metros, con cinco testigos de la causa.


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