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Foto Arch.: Clarín

Pasada la medianoche, Cristóbal López se entregó tras la orden de captura que libró el juez Julián Ercolini después de que fuera procesado junto con su socio, Fabián De Sousa, por administración fraudulenta. A los dos los acusan de apropiarse de $8.000 millones de pesos del Impuesto a la Transferencia a los Combustibles para financiar su conglomerado económico, con ayuda del ex jefe de la AFIP kirchnerista, Ricardo Echegaray, que también fue procesado, pero sin prisión.


Sus últimas horas en libertad, según confirmaron a Clarín desde el entorno de López, fueron en el Sur desde donde "viajó para entregarse". Se presentó en el edificio Centinela ante personal de Gendarmería. Allí pasó la noche y esta mañana fue trasladado al Hospital Central del penal de Ezeiza, donde se le harán los controles médicos de rutina y los estudios de riesgo.

El empresario kirchnerista se entregó luego de que el juez Ercolini librara una orden de captura nacional. Lo habían buscado en Puerto Madero, pero no lo encontraron. Estuvo cerca de siete horas en calidad de prófugo, pero finalmente se entregó al filo de la medianoche del martes al miércoles.




En ese momento, en el edificio Centinela ya se encontraba Fabián De Sousa, quien había quedado detenido en horas de la tarde, cuando Gendarmería lo apresó tras realizar un allanamiento en su domicilio, también en Puerto Madero. Esta mañana al socio de López lo trasladaron al Hospital Penitenciario Central (HPC) del penal de Marcos Paz. Anoche pidió ver al juez Ercolini, pero la solicitud fue denegada.

Así, López se convirtió en el kirchnerista número 17 con una orden de prisión preventiva de la justicia federal.

El juez Ercolini lo procesó junto a De Sousa por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por no pagar a la AFIP $ 8.000 millones correspondientes al Impuesto a los Combustibles, dinero con el cual "se capitalizó y financió su grupo empresarial".

La maniobra se realizó durante el gobierno de Cristina Kirchner y fue facilitada por Ricardo Echegaray quien debía controlar a López y también fue procesado, aunque sin prisión preventiva. A todos se les trabó un embargo de más de $ 17.000 millones.

La causa

La causa inició el 16 de marzo de 2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en la que señaló que las anteriores autoridades de la AFIP permitieron a Oil Combustibles SA (OCSA) "no abonar en tiempo y forma" el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y el "uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades" del Grupo Indalo. La AFIP bajo la conducción de Alberto Abad reveló que Cristóbal López se quedó con $ 8.000 millones que debían ir al Estado.

Después de las indagatorias, el juez se declaró incompetente al entender que se trataba de un delito tributario. La Cámara de Casación consideró que esto no era así, y que se debía investigar como una hecho de corrupción.

En ese contexto, el magistrado después del pedido del fiscal Gerardo Pollicita, procesó con prisión preventiva a López y De Sousa. Los dueños de Indalo realizaron "un aporte imprescindible" a la maniobra defraudatoria, "junto a su consorte de causa Echegaray, al aportar la estructura societaria necesaria para beneficiarse ilegítimamente".

Ricardo Echegaray, el ex jefe de la AFIP kirchnerista, quedó más comprometido, pero por ahora no va a prisión.

Para la justicia, López y su socio "tenían el dinero para hacer frente al pago" del impuesto a los combustibles "en tiempo y forma", pero optaron por "acogerse sistemáticamente a diversos planes de pago que fueron concedidos irregularmente por la AFIP".

La Justicia concluyó que el empresario K contó "con la venia" del ente recaudador y sólo pagó 7 de los 55 períodos fiscales investigados, a "sabiendas de que le serían concedidos sistemáticamente beneficios de pago y así evitar el cobro compulsivo de esas obligaciones".

Así, los empresarios K ​ "se beneficiaron al recibir con Oil SA de modo sistemático y deliberado", planes de facilidades de pago vinculados al impuesto al combustible. Los fondos se utilizaron "indebidamente y en beneficio propio" para capitalizar a las demás sociedades de Indalo en perjuicio del Estado, resolvió el juez.

La deuda de capital que generaron fue de $5.144.538.391 que ascendió con los años y una implementación "sistemática" de la maniobra, a $ 8.000 millones. Para el Gobierno la cifra supera en la actualidad, los $ 10.000 millones contabilizando intereses y punitorios.

Los plantes de pagos, según Ercolini, se encontraban plagados de irregularidades: "carencia de documentación sobre la crisis económica y financiera de las empresas, ausencia de revisión de cumplimiento de las condiciones de los planes, falta de control en las firmas". Ricardo Echegaray "convalidó estos trámites" cuando "no correspondía".

Por ello, el juez procesó al ex titular de la AFIP, como autor del fraude al "violar sus obligaciones como funcionario y no controlar el pago en tiempo y forma del impuesto y el adecuado otorgamiento de los planes de pago de manera irregular, lo que sucedió sistemática y deliberadamente".

Esta maniobra entre mayo de 2013 a agosto de 2015, permitió que López y De Sousa -a través de Oil SA- "financiaran a otras sociedades de su propio grupo empresario, obteniendo así un beneficio económico indebido".

Para el juez, Echegaray siempre estuvo a derecho y “no registra antecedentes condenatorios, como así tampoco declaraciones de rebeldía vigentes a su respecto”, para dictar una prisión preventiva.

Las consideraciones sobre López y De Sousa fueron diferentes. Para el juez ambos empresarios tuvieron acciones “dirigidas a obstruir la labor de la justicia”. Citó así la venta que buscaron realizar del Grupo Indalo a favor de OP Investiment "cuando les estaba vedado con anterioridad a haber solicitado autorización para ello”.

Cuando esta operación fue rechazada por Ercolini, "no la dejaron sin efecto lo que demuestra a todas luces su voluntad de apartarse de la manda judicial”. Además, se recordó que intentaron abrir un concurso preventivo de Oil Combustibles "en Chubut" algo calificado de "fraudulento" ya que la firma está radicada en Buenos Aires.

Clarín
 
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