General Pico | CORPICO confirmó que impugnará la probation

Es intención de los asociados impulsar un jury contra la fiscala de la causa, Ivana Hernández. Habló del tema Ezequiel Marquesoni.

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El abogado que representa a CORPICO en el caso de robo de las cajas fuertes, Ezequiel Marquesoni, presentará un recurso de impugnación al fallo que otorga la suspensión de juicio a prueba a cuatro de los cinco acusados. El letrado destacó algunos fundamentos del fallo del Tribunal Colegiado. El quinto imputado, Samuel Orellano, está próximo a cerrar un juicio abreviado y así no habrá debate oral y público.

En diálogo con El Diario, el abogado Ezequiel Marquesoni lamentó la resolución parcial del legajo pero destacó sobre el fallo de los jueces Fabricio Losi, Carlos Pellegrino y Florentino Rubio que “hay que hacer varias salvedades sobre esa resolución, no es lo mismo que el dictamen de la fiscala”. En ese sentido, Marquesoni observó que “los jueces entienden que, en virtud del nuevo Código Procesal Penal, la acusación y el impulso del proceso es resorte exclusivo del Ministerio Público Fiscal, y ellos no pueden hacer nada más que dictar en definitiva sobre lo que pida el fiscal, lo que quiere decir en palabras llanas es que, si el fiscal no quiere seguir adelante con la acción y busca una salida alternativa a la resolución del delito, como esta, ellos los jueces- no pueden hacer nada”.

El abogado también remarcó que “es de destacar que hicieron varias salvedades, como que de acuerdo al nuevo Código Procesal los jueces deben soportar, como diciendo aguantar, cosas que no les gustan. Además destacaron en un párrafo final de la resolución, que hubiera sido muy bueno que la fiscala en este caso, en vez de esperar tres años y medio para buscar esta salida alternativa antes del debate oral, lo hubiera hecho ni bien ocurrió el hecho, y de esa manera, no hubiera generado falsas expectativas de justicia en las víctimas”.

Juicio oral

El abogado querellante valoró también que el fallo del Tribunal “le reconoce entidad a los fundamentos que nosotros impusimos, respecto a que lo mejor hubiera sido llegar al debate oral, más allá de que ellos se encuentren impedidos de rechazar el pedido de probation, o sea que hay varias salvedades en la resolución respecto al Ministerio Público Fiscal”.

Marquesoni recordó que “uno de los fundamentos que dan ellos es que, como el mínimo de la pena es tres años, de acuerdo a la doctrina de la Corte en el fallo “Acosta”, si la fiscala entiende que es procedente la probation, ellos no pueden rechazarla”.

Explicó además que “el problema que tuvimos nosotros es procesal, porque la opinión de la querella no es vinculante, como sí lo es la del Ministerio Público Fiscal, por lo que en este sentido no podíamos más que manifestar nuestra opinión que es lo que hicimos”. Pero reiteró: “Seguimos entendiendo que esto no es así, que esa doctrina de la Corte debe aplicarse en cada caso en concreto, y no en forma automática y por una mera aplicación matemática de la pena”.

Impugnación

Por otra parte, Marquesoni confirmó que recurrirá al TIP para tratar de dar vuelta el fallo y forzar el debate oral y público. “Nosotros vamos a imponer un recurso de impugnación ante el Tribunal de Impugnación Penal y esperaremos a ver qué nos contesta, por supuesto, con la resignación que en este caso tenemos después de tres años y medio, de haber tenido la causa con diez imputados de los cuales cinco fueron sobreseídos, uno de esos cinco, según la propia fiscala, al principio de la causa era el sereno, que dijo que habría sido imposible que el delito se cometiera sin su participación, y después pidió el sobreseimiento, lo cual es una contradicción muy grosera”, indicó el abogado de la cooperativa.

En el tramo final de la entrevista, El Diario le consultó por la intención de asociados de la cooperativa de impulsar un jury contra la fiscala de la causa, Ivana Hernández. Al respecto Marquesoni señaló que “yo tomé conocimiento de esa opción por los medios, que para mí es totalmente factible. Cualquier ciudadano que considere que un funcionario público, judicial y demás, que sea pasible a ser sometido a juicio político por la ley 313 provincial puede impulsar ese proceso”.
 

El Diario LP